RONDA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)
El exalcalde del municipio malagueño de Ronda, Antonio Marín Lara; el exprimer teniente de alcalde y diputado provincial Francisco Cañestro, y otra persona más pasarán este jueves a disposición judicial, detenidos junto a cuatro personas más en el marco de la operación contra la presunta corrupción urbanística en dicha localidad.
La exdelegada municipal de Obras de Ronda (Málaga) María José Martín de Haro y el exdelegado municipal de Seguridad Rafael Lara quedaron este pasado miércoles en libertad provisional bajo fianza --está aún sin concretar pero no será superior a los 100.000 euros-- tras declarar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda.
A Lara y Martín de Haro se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, a cada uno de ellos, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Asimismo, las otras dos personas que fueron detenidas en Madrid y Valencia ya han declarado ante el juzgado de guardia de cada una de las ciudades. Han quedado en libertad provisional y se les imputan los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. No obstante, estas personas tendrán que volver a declarar en el juzgado de Ronda.
Esta operación policial, denominada 'Acinipo', se ha saldado hasta el momento con siete detenidos. La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, están investigando la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedades, malversación y blanqueo de capitales.
Los registros realizados este pasado martes se centraron en diferentes dependencias municipales y en los despachos del exalcalde y los cargos públicos, de donde requisaron diversa documentación, que ahora deberá ser analizada por los investigadores del caso, que está declarado secreto.
La investigación, que se inició tras unas diligencias de investigación iniciadas en la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, lleva al menos un año en marcha, se refiere a determinadas operaciones urbanísticas y se centra en la anterior corporación municipal.
