El informe contiene recomendaciones sobre comprensión y corrección lingüística, y ofrece una guía de ejemplos para mejorar la redacción de escritos jurídicos. Además, se reconoce que el lenguaje que emplean los profesionales del Derecho suele ser considerado por la ciudadanía difícil de comprender, oscuro e, incluso, críptico, por lo que recomienda sustituir los "particularismos lingüísticos" que figuran en formularios, plantillas, resoluciones, contratos, etcétera, por términos del lenguaje común, siempre que sea posible.
Arcaísmos y locuciones latinas
El informe también analiza los arcaísmos, las locuciones latinas y la terminología técnica, y aconseja, en el caso de los primeros, sustituirlos por palabras del lenguaje común o explicarlos a continuación del término o expresión. Respecto a las locuciones latinas, propone sustituirlas por su significado en castellano o, en su defecto, incorporar su traducción entre paréntesis. Finalmente, aconseja explicar la terminología técnica siempre que se pueda.
Las recomendaciones propuestas por la comisión van más allá de la pura ortografía y pretenden crear el marco institucional idóneo para devolver la relevancia que el uso del lenguaje nunca debió de perder.
Las principales instituciones a las que van dirigidas son el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, los Colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales (a través de los correspondientes Consejos Generales), las universidades y la Administración educativa en general.
Dado que el eje de este informe es el derecho a comprender, se incluyen varias recomendaciones dirigidas a acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía. Además, recomienda a las instituciones que se esfuercen en la estandarización de documentos o el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la mejora del lenguaje jurídico.
Composición de la comisión
La comisión, constituida el 18 de febrero de 2010 dentro del Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, ha estado compuesta por Víctor García de la Concha, ex director de la Real Academia Española; Gabriela Bravo Sanestanislao, portavoz del Consejo General del Poder Judicial; Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía; Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia Española; Gabriela Cañas Pita, periodista de "El País"; Alex Grijelmo García, presidente de la Agencia Efe; Jesús María García Calderón, fiscal jefe del tribunal Superior de Justicia de Andalucía; María Peral Parrado, periodista de "El Mundo" y Mercedes Bengoechea Bartolomé, profesora de Filología en la Universidad de Alcalá de Henares. En reconocimiento a su trabajo, se les ha concedido la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
