MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La compañía francesa Leroy Merlín se enfrenta a la primera demanda por incumplimiento de los plazos de pago sus proveedores en aplicación de la Ley de Morosidad, aprobada en julio de 2010, que introdujo la posibilidad a los acreedores de reclamar de forma conjunta ante los tribunales.
Según informó la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), responsable de la demanda, los Juzgados Mercantiles de Barcelona la han admitido a trámite y han abierto diligencias previas a la compañía por no pagar a tiempo sus facturas.
Esta demanda se presentó tras la entrada en vigor en julio de 2010 de la nueva Ley de Morosidad, que permite denunciar a las empresas incumplidoras de los plazos. La ley estableció un calendario de aplicación que quedó fijado en 85 días para 2011, 75 días en 2012 y, finalmente, el tope de 50 días a partir de 2013.
Por su parte, la compañía francesa aseguró en un comunicado que cumple "rigurosamente el régimen de aplazamiento de pagos legalmente establecido, sin que en modo alguno haya incurrido en morosidad frente a sus proveedores".
Además, Leroy Merlín señaló que está estudiando la adopción de "medidas legales" contra la plataforma por el "carácter infundado" de la información y defendió que su régimen de aplazamiento de pagos está avalado por informes elaborados por "juristas de reconocido prestigio", así como por el propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
LEY DE MOROSIDAD FRENTE A LEY DE COMERCIO MINORISTA.
En concreto, la compañía explica que el informe del ministerio mencionado manifiesta en sus conclusiones que sigue vigente el régimen especial del artículo 17.3 y 4 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, y que éste es aplicable a Leroy Merlin.
Al respecto, la plataforma advierte de que "no acepta ni aceptará", entre otras cuestiones, los argumentos esgrimidos por las empresas incumplidoras basados en la Ley del Comercio Minorista, que no fijaba ningún plazo concreto de pago, y que, además dichos artículos fueron derogados por la Ley 15/2010.
La plataforma ha presentado demandas similares en varios juzgados españoles contra empresas de construcción, distribución y telecomunicaciones que están pendientes de su admisión a trámite.
El portavoz de la PMcM y secretario general de la patronal de las Pequeñas y Medianas Empresas de Cataluña (Pimec), Antonio Cañete, explicó en declaraciones a Europa Press que con esta iniciativa "se quiere acabar con la posición dominante" de las empresas en el pago de las facturas, que provocan que los proveedores "mueran por los impagos y se pierdan muchos puestos de trabajo.
La PMcM agrupa a unas cuarentena de instituciones sectoriales de toda España, que en conjunto representan a más de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos
