MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Lapiedra aguarda en prisión --ordenada el pasado mes de marzo por el juez instructor Pablo Ruz-- la decisión sobre su entrega. El Código Penal colombiano castiga con penas de entre 8 y 12 años de cárcel la pornografía con menores. El tipo penal equivalente en España es el de pornografía infantil, castigado con 5 años de cárcel que puede alcanzar los 9 si el tribunal contempla carácter degradante o vejatorio en los hechos juzgados.
Ruz justificó el mantenimiento en prisión del imputado argumentando que, pese a que tiene nacionalidad española y arraigo familiar y laboral, también existía "un riesgo de sustracción a la actuación de la Justicia", debido tanto a la gravedad de las penas a las que podría ser condenado como a la necesidad de que la Justicia colombiana haya tenido que plantear una demanda de extradición para lograr su comparecencia.
ORDEN DE INTERPOL
El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona fue el primero en decretar su ingreso en la cárcel después de que fuera detenido el pasado 17 de marzo en la capital catalana por agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía en cumplimiento de una orden librada por Interpol.
El arrestado es sospechoso de haber grabado vídeos pederastas utilizando a menores, a los que modificaba la edad con documentación falsa para simular que eran mayores, según informó el Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes rastrearon las grabaciones en colaboración con las autoridades de Colombia, país en el que se realizaron los vídeos, que fueron vendidos en todo el mundo a través de la red.
Las autoridades colombianas investigaban al director desde 2008, después de que el rector de un instituto de Medellín interpusiera una denuncia porque una alumna aparecía en un vídeo pornográfico. Tras seguir la pista de esta grabación llegaron hasta Lapiedra y su mujer, que trabaja como actriz porno. Después constataron que ambos residen en Madrid y que ella aparecía en algunas de las filmaciones.
Una de las supuestas víctimas explicó en su declaración que grababan películas durante horas, desde las ocho de la mañana a las siete de la tarde, le pagaron 700 euros y que le aseguraron que los vídeos no se distribuirían en Colombia.
