TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO
Si todavía estamos a tiempo de cambiar la fecha de las elecciones, para tratar de paliar lo más posible todo el cúmulo de desgracias que acechan a nuestro país, mediante el adelanto de su convocatoria. El presidente Zapatero, una vez más, se ha equivocado gravemente, anunciando que las elecciones serán el 20 de noviembre.
Y se ha equivocado por dos motivos: por un lado, porque si pensaba que el mero anuncio de las elecciones iba a calmar a los mercados y a los ciudadanos en general, no sólo no lo ha conseguido, sino que incluso ha agudizado la incertidumbre. Cuatro meses de interinidad en los que hay tres responsables de nuestra política, sin que ninguno tenga una responsabilidad plena. Es decir, Zapatero, porque está cumpliendo el papel de Reina Madre; Rubalcaba, porque se ha autoerigido en líder del PSOE sin disponer oficialmente del Boletín Oficial del Estado; y Rajoy, presunto futuro presidente del Gobierno, porque todavía no le apoyan los votos que confieren el poder. Si ninguno de los tres es responsable plenamente, no tenemos un interlocutor válido que pueda tranquilizar a los mercados y a nuestros socios europeos, ni que tampoco pueda tomar alguna medida urgente y necesaria mientras Zapatero se halle, corporal o al menos mentalmente, en Doñana, contemplando la flora y la fauna de ese privilegiado lugar. Por consiguiente, lo que urge es que haya un responsable único cuanto antes, que pueda tomar las medidas adecuadas y dar confianza a nuestros acreedores. Cuestión que nos lleva a la segunda equivocación del presidente Zapatero.
En efecto, por otro lado, es un hecho insólito, difícil de encontrar un antecedente en el mundo, el que un presidente de Gobierno de un régimen parlamentario anuncié sin más, y sobre todo en una situación de extrema alarma como la que padecemos hoy en España, que piensa celebrar las elecciones “anticipadas” dentro de cuatro meses. Porque ni cumple estrictamente con lo que dice la Constitución y la Loreg, ni conoce que las elecciones anticipadas juegan siempre con el factor sorpresa, utilizado para mejorar la situación, convocándolas lo antes posible según lo previsto por la ley. De este modo, el anuncio que Zapatero hizo el 29 de julio de que iba a convocar las elecciones para el 20 de noviembre no es más que eso, un anuncio, sin valor jurídico alguno. El artículo 115 1 de la Constitución especifica que “el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones”. Pues bien, lo que ha hecho Zapatero no es que sea ilegal o inconstitucional, es que es una bobada sin ningún valor jurídico. Simplemente porque no cumple ninguno de los requisitos que establece este artículo. En primer lugar, que decida en un Consejo de Ministros disolver las Cortes automáticamente. En segundo lugar, que haya habido, aunque no sea vinculante, una deliberación de los miembros del Consejo de Ministros sobre la conveniencia de disolver las Cámaras, Y, en tercer lugar, que el real decreto que ordena la disolución de las Cortes, establezca también la fecha exacta de las elecciones, según los requisitos que establece el artículo 42.1 de la Loreg.
Visto lo cual, el presidente Zapatero no cumplió ninguno de los tres requisitos, por lo que su acto no tiene fuerza jurídica alguna, y, por tanto, se limita a ser un mero anuncio, que, por supuesto, provocó la sorpresa, eso sí, de sus ministros, que desconocían por completo sus intenciones, empezando por el de Justicia. Ciertamente, todos los meses que había dedicado éste a preparar unas medidas para reformar la Justicia se tiraban por la borda, porque ya no dan tiempo a que sean aprobadas por las Cortes. Se quedaba así con la boca abierta -ver su cara era un poema- tras el anuncio del presidente, pues al igual que a un pintor que le retiran la escalera, se quedaba agarrado a la brocha, antes de caer en el vacío de los proyectos que mueren antes de nacer.
Sea lo que fuere, la consecuencia que se deduce de todo lo que acabo de exponer es que habiendo sido una equivocación su decisión de anunciar las elecciones cuatro meses antes, carece por completo de valor jurídico alguno, por lo que puede perfectamente cambiar la fecha de las elecciones, adelantándolas lo antes posible, por el estado de alarma en el que nos encontramos, pero teniendo que cumplir todos los requisitos que marca la Constitución y la Loreg. En un artículo que publiqué aquí días antes de su anuncio, proponía que disolviese las Cortes el primer día posible, esto es, el 2 de agosto para que se pudieran celebrar las elecciones el 23 de septiembre. Ese plazo ya ha pasado y se ha perdido una gran oportunidad, pero todavía estamos a tiempo, porque nos queda otra posibilidad para evitar que sean más los vidrios rotos. El presidente, según ha dicho, tiene intención de celebrar un Consejo de Ministros el día 19 de agosto, pero si lo adelantase al día 14, se cumplirían los plazos para disolver las Cortes ese día y celebrar las elecciones el domingo 9 de octubre, con lo que ganaríamos casi dos meses en una campaña electoral absurda, y podríamos tener así en el mes de noviembre un Gobierno que empezase a gobernar y a tener credibilidad frente al mundo financiero internacional. Convendría recordar a Zapatero que las cosas nunca suceden como se había pensado que sucedieran, pero suceden con frecuencia cuando se hace todo lo posible para que sucedan.
