Desestima sus recursos ante un posible riesgo de fuga y la gravedad de las penas que llevan aparejados los delitos que se les imputan
PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha confirmado la fianza de 300.000 euros que le fue impuesta a la ex regidora de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, así como la de 100.000 euros, posteriormente rebajada a 65.000, decretada a la ex coordinadora de este departamento, Paula Cortés, quienes fueron detenidas en el marco de la causa que investiga si UM utilizó fondos públicos del Ayuntamiento para captar nuevos afiliados y futuros votantes de UM, conocida como caso Picnic.
Mediante dos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha desestimado los recursos de apelación que las defensas de ambas imputadas interpusieron para pedir la nulidad de las fianzas, al alegar el posible riesgo de fuga de Cerdó y Cortés y debido a la gravedad de las imputaciones que pesan sobre ellas, consideradas principales responsables del presunto desvío de 1,2 millones de euros públicos "a hacer proselitismo, propaganda y apología de la idea política de UM", tal y como postula la Fiscalía.
La Audiencia ha confirmado de esta forma el auto que dictó a finales del pasado mes de febrero el magistrado Francisco José Pérez, quien en su resolución, en la que acordó prisión provisional bajo fianza para ambas, aludía a la existencia de indicios que apuntaban a que la ex regidora daba las "oportunas órdenes" para indicar qué personas debían ser contratadas por el Ayuntamiento como agentes medioambientales que en realidad habrían realizado labores particulares "única y exclusivamente en claro beneficio de UM".
Pese a que las propias Cerdó y Cortés rechazaron su participación en estos hechos al ser interrogadas por el magistrado, el auto señalaba que Cerdó, sobre quien pesa una de las fianzas penales más altas decretadas contra un político en Baleares, era "conocedora" de que el trabajo de los agentes iba dirigido a la "retención de potenciales votantes". "Con la contratación de gente afín la formación se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil", recalcaba el juez.
Es por ello que, en concreto, sobre ellas pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas y fraude a la Administración.
"NO SE ATISBA UNA FALTA DE MOTIVACIÓN"
Sin embargo, el letrado de Cerdó, Ángel Aragón, decidió recurrir el auto ante la Audiencia al alegar que no estaba motivado, ante lo cual el tribunal, tal y como expone en su resolución, "no atisba que el auto adolezca de falta de motivación", y recuerda que las actuaciones se encontraban entonces bajo secreto de sumario, lo que "obliga a extremar las precauciones respecto a la revelación de aspectos sustanciales de lo practicado hasta el momento".
También el abogado de Cortés, José Manuel Valadés, recurrió la fianza alegando motivos similares, obteniendo la misma respuesta por parte de la Sección Primera. Cabe recordar que el mismo día en que el juez acordó las fianzas, la Fiscalía solicitó una fianza civil de 1,6 millones de euros para UM, finalmente acordada por el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger.
Las pesquisas del caso Picnic apuntan a que UM contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido. De este modo, las indagaciones se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Asimismo, el caso centra parte de sus investigaciones en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba el partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de 343.332 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.
La Fiscalía desglosa de forma pormenorizada las cantidades presuntamente malversadas y apunta a que, de los 1,2 millones que habrían sido desviados, 343.332 euros procedían del convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Medio Ambiente del Govern y el Ayuntamiento para realizar actividades de uso público en Cabrera; 577.738 euros de los sueldos y nóminas de los Imas; 159.247 de la campaña 'Ecobarriada'; 38.581 del alquiler de su local; 42.326 euros de recursos materiales; 33.358 de los servicios "innecesarios" de asistencia de otra imputada, y 12.664 euros de las excursiones al Acuario y a la Dragonera.
