En un recurso de reforma subsidiario de apelación a la Sala de lo Penal, Dignidad y Justicia pide la revocación del auto de Pedraz, que acordó la excarcelación del etarra por entender que no había riesgo de fuga, al entender que se trata de una resolución "contraria a derecho y carente de una sólida argumentación jurídica y escapar de la lógica racional".
La asociación que preside Daniel Portero alega falta de motivación del juez a la hora de considerar "única y exclusivamente el momento de su puesta en libertad después de haber liquidado su pena y sin que el mismo tuviera conocimiento de la imputación que sobre él se iba a hacer".
El magistrado, señala el escrito de Dignidad y Justicia, "debió analizar las circunstancias desde el momento en el que el mismo fue detenido y puesto a disposición judicial y se le imputó un delito de detención ilegal con fines terroristas" por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara "y no antes".
En este sentido, lamenta que sólo se valorara por parte del juez instructor para acordar su puesta en libertad "circunstancias tan irrelevantes como las que rodearon su puesta en libertad en abril y el revuelo mediático" y que "se habían exigido medidas cautelares". "Las mismas no se materializaron", añade Dignidad y Justicia, por lo que considera "obvio" que 'Iñaki de Rentería' "nada tenía que temer por cuanto no existía motivo alguno en ese momento que le hiciera huir de la justicia española".
Asimismo, en sus alegaciones la asociación recuerda varios informes policiales, declaraciones ante la Guardia Civil y documentación incautada en la que queda "indiciariamente" demostrada la participación en "grado de responsabilidad" del ex jefe militar de ETA en el secuestro de Ortega Lara, por lo que se podría enfrentar a una pena de hasta quince años de prisión tras haber cumplido ocho años de cárcel en Francia por asociación de malhechores.
En la misma línea, argumenta que su detención en mayo pasado se produjo en el momento en el que se encontraba en la frontera de Irún "dispuesto a cruzar a Francia y con una mochila con enseres personales".
Por todo ello, Dignidad y Justicia considera que la permanencia del etarra en prisión era "necesaria, congruente, proporcional a la gravedad de los hechos" y "a los sólidos indicios de criminalidad que obran en la causa sobre su participación en los mismos, a la gravedad de la pena que lleva aparejada el delito imputado y al evidente riesgo de fuga y sustracción a la justicia y por lo tanto ajustada a derecho".
El 'comando Gohierri', que fue desarticulado el 1 de julio de 1997, estaba formado por Jesús María Uribecheberría, José Miguel Gaztelu, Luis Erostegui y Javier Ugarte, que se encargaron de secuestrar y mantener al funcionario de prisiones oculto en un zulo que fabricaron en un taller de Mondragón (Guipúzcoa).
El juez Pedraz dejó el pasado miércoles al etarra en libertad tras imponerle la obligación de realizar comparecencias semanales y retirarle el pasaporte. En su auto argumentaba que el riesgo de fuga resulta "minimizado" porque cuando salió de la cárcel en abril de 2010 fijó su residencia en Rentería "cuando bien pudo haberse trasladado -huir-- al extranjero". Fuente: Europa Press
