VENTANILLA ÚNICA ELECTRÓNICA, CRISIS ECONÓMICA Y MARAÑA COMPETENCIAL
Para resolver los problemas de este siglo debemos pensar en soluciones de este siglo. En la Era de la Información de que nos habla Castells, la creación de servicios de administración electrónica puede servir a ese propósito. En particular, la implantación de una ventanilla única electrónica para el inicio de actividades empresariales ayudaría a superar la crisis económica, y además, evitaría los problemas que actualmente plantea el complejísimo reparto competencial en un sistema político tan descentralizado como el nuestro.
Empezando por la crisis, el tiempo que consumen las gestiones necesarias para el inicio de una actividad económica puede ser determinante para la viabilidad de su plan de negocio. Si los gastos de inversión se extienden durante varios meses (los que se tarda en realizar todo el papeleo) sin generar beneficios, la empresa arranca lastrada con unas deudas que pueden frustrar su viabilidad. La implantación de soluciones de administración electrónica supone un importante ahorro de costes, tanto para las empresas como para las propias administraciones públicas. Los trámites se realizan en línea, sin necesidad de desplazamientos, colas ni esperas, yal mismo tiempo, la gestión administrativa posterior (la tramitación de la documentación presentada) resulta más ágil, teniendo lugar a menudo mediante procesos automatizados, acortando los tiempos de respuesta. Por ejemplo, una solución tan simple como la imposición de la factura electrónica en el sector público supuso en un pequeño país como Dinamarca un ahorro de 50 millones de euros para las empresas y 150 millones euros para las administraciones en un solo año. En efecto, con servicios adecuados de administración electrónica las expectativas de éxito de las iniciativas empresariales se incrementan, se estimula la inversión y el crédito (al aumentar la viabilidad de los proyectos), y se liberan recursos públicos considerables que pueden destinarse a otros fines. Todo lo cual contribuye a la generación de empleo y a la dinamización económica.
Pero al mismo tiempo, las plataformas telemáticas de tramitación administrativa permiten interactuar simultáneamente con varias administraciones públicas a la vez, sin obstáculos para los ciudadanos. Se respeta escrupulosamente el reparto competencial, pero ello no supone una barrera. Esto resulta especialmente valioso para un sistema político como el nuestro, en el que las competencias se encuentran segmentadas en cuatro niveles territoriales distintos, erigiendo importantes trabas a la ciudadanía, que se desorienta en ese gigantesco laberinto burocrático. Esta fragmentación de competencias no resulta arbitraria o caprichosa, sino que presta servicio al principio constitucional de autonomía, que adquiere un extraordinario significado en nuestro sistema político. La descentralización política ha resuelto problemas estructurales y ha deparado niveles de progreso sin parangón en nuestra Historia que no se trata ahora de desmantelar toda esa arquitectura, sino de resolver los problemas y disfunciones que presenta el modelo después de 30 años de desarrollo. Para eso, las soluciones de administración electrónica constituyen una de las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance.
Sobre todo, porque contamos con precedentes que nos sirven de inspiración: ya se ha puesto en marcha el portal Eugo (http://www.eugo.es), en cumplimiento de la Directiva de Servicios, para reducir los plazos y los costes derivados del inicio de estas actividades económicas. La Directiva obliga a que se ofrezca a los ciudadanos en un sólo portal toda la información necesaria para el inicio de una actividad de servicios, y que desde ese mismo punto de acceso electrónico se puedan realizar todas las gestiones administrativas necesarias para el inicio de esa actividad, aunque sean competencia de administraciones diferentes. El portal incorpora un motor de tramitación que puede activarse cuando alguien desea iniciar una actividad de servicios, ofreciendo un listado de todos los trámites que se deben realizar para una concreta actividad y en cada concreta localidad, aunque correspondan a administraciones distintas: ayuntamientos, comunidades autónomas, Agencia Tributaria, Seguridad Social...
El esfuerzo de coordinación interadministrativa que ello ha supuesto ha sido titánico, pero aún así todavía tiene dos importantes limitaciones: sólo abarca a actividades de servicios (no a todas las actividades económicas), y falta incorporar al motor de tramitación los trámites autonómicos y de las entidades locales: el portal sólo ofrece información y la posibilidad de realizar por Internet unos pocos (muy pocos) trámites. En cambio, Italia, a partir de octubre de 2011 tendrá una ventanilla única electrónica para todas las actividades económicas y con integración de todas las administraciones públicas, que permitirá realizar por Internet todos los trámites necesarios para el inicio de cualquier actividad. En Alemania y Reino Unido ya se ofrecen soluciones semejantes. Para lograr ese propósito entre nosotros hacen falta dos actuaciones principales. La primera, que se establezca un marco de interoperabilidad (la conexión de los sistemas de información de las diferentes administraciones públicas) entre todas las administraciones públicas, para lo cual debe desarrollarse suficientemente el RD 4/2010, por el que se aprueba el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La solución implantada por Italia es sencilla y plenamente operativa, pudiendo servir de modelo. En segundo lugar, es necesaria la incorporación efectiva de los municipios a este proceso, ya que ejercen competencias decisivas en relación con el control de las actividades económicas, y son quienes se encuentran más rezagados en materia de administración electrónica (los informes del ONTSI son demoledores). Existe una solución idónea: que las diputaciones provinciales (unas administraciones cuya utilidad se encuentra permanentemente en entredicho), presten el soporte técnico necesario, cumpliendo así su función principal de asistencia a los municipios, para lo que cuentan con un mandato normativo específico en la D.F. 33 de la Ley de acceso electrónico.
En conclusión, la implantación de una ventanilla única empresarial para el inicio de cualquier actividad supondría un ahorro de costes a la ciudadanía y a las administraciones públicas, y podría asignar a las diputaciones provinciales una nueva función, acorde con su espacio competencial, que incrementa la utilidad de esta administración.
