La petición se realiza con motivo del crecimiento espectacular de las faltas de lesiones cometidas por los menores ante el incremento de un 178 por ciento respecto al año anterior.
Según los datos de la Fiscalía, que han sido presentados este martes a la presidencia regional, Esperanza Aguirre, el mayor número de causas incoadas en la jurisdicción del menor se refiere a delitos contra el patrimonio, con 3.055, y los robos con violencia e intimidación, con 1.172.
La Memoria sirve a la Fiscalía para expresar su preocupación en este asunto, ya que reconoce que "las soluciones a adoptar en este campo no son fáciles, ni siquiera pacíficas en la doctrina, y abarcan un amplio abanico de posibilidades".
"De cualquier modo, la problemática que se plantea ante este fenómeno, así como sus eventuales soluciones, exceden claramente del ámbito que nos está atribuido, para situarse extramuros de lo propiamente jurisdiccional, adentrándose en las competencias propias del legislador como intérprete cualificado del sentir social", recoge el documento judicial", recoge la Memoria.
En esta línea, sugiere que en el marco del orden jurisdiccional civil se permita dotar a las medidas de protección de una efectividad de la que hasta ahora carecen en muchas ocasiones.
Se trataría de posibilitar que los menores reincidentes en conductas antisociales y delictivas estuvieran apartados de las situaciones de riesgo social a que se ven abocados.
"Ello conduciría a que las actuales redes de protección social dependientes de las entidades públicas competentes al efecto, estuviesen habilitadas para obligar coercitivamente a los menores a seguir de modo efectivo las normas educativas pautadas con asentimiento y control judicial", indica. Fuente: Europa Press
