Los magistrados de la sección consideran que no se ha acreditado que la Administración que aprobó el trazado del tren de alta velocidad actuara "con arbitrariedad o irracionalidad a la hora de seleccionar la opción más recomendable".
La sentencia añade que el Ministerio de Fomento no ha incumplido los trámites obligados en este caso, sino que ha desarrollado "una actividad administrativa orientada a la adopción de una decisión lo más adecuada y racional posible, tras un concienzudo análisis que posteriormente ha merecido los mayores controles y cautelas en aras a una ejecución rigurosa y segura". Fuente: Europa Press
