Así, según informaron fuentes del Departamento, "las escuchas telefónicas se practicaron conforme a la legislación vigente y fueron debidamente notificadas al Ministerio Fiscal".
Además, para la Fiscalía, los autos que acuerdan estas intervenciones y las correspondientes prórrogas están "perfectamente motivados", y fueron practicados por el tiempo mínimo imprescindible -del 22 de febrero de 2010 al 9 de septiembre de ese mismo año-. Junto a esto, el fiscal superior determina que las transcripciones "fueron igualmente correctas, con un control constante por parte del Juzgado Instructor".
Asimismo, defiende que se ha respetado también el derecho al juez predeterminado por la ley, puesto que "la juez instructora de Gijón inició el procedimiento como consecuencia de la denuncia presentada por una ciudadana en cuya cuenta corriente se había ingresado dinero procedente del Principado de Asturias y prosiguió con la investigación hasta que la Sección Octava de la Audiencia Provincial estimó, el pasado 8 de abril, que era competente el Juzgado de Oviedo para el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta que fue en esta localidad donde se produjeron los principales hechos investigados".
El fiscal superior del Principado, Gerardo Herrero, había advertido el pasado día 22 de que anular las escuchas policiales "podría dar al traste con toda la investigación". Fuente: Europa Press
