DESAFÍOS E INCERTIDUMBRE
La publicación del decreto-ley de medidas urgentes para la negociación colectiva constituye un instrumento fundamental, más que la reforma laboral, para el presente y el futuro de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. No es momento para analizar su contenido, tarea que rebasa esta colaboración, sino para poner de relieve algunos aspectos desde la dimensión académica y desde el conocimiento de las 'tripas' de la negociación colectiva que me otorga el haber desempeñado durante ocho años la presidencia de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
La primera consideración descansa en la inexistencia de acuerdo entre los interlocutores sociales sobre esa reforma. Esta circunstancia puede revelarse como un obstáculo para su aplicación. Una materia como esta requería ese acuerdo, lo que plantea serias incertidumbres para que la reforma sea eficaz al objeto que se pretende. Al no verse reconocidas las partes por ese texto, la complejidad en el ejercicio de un derecho del que son ellos los titulares hace que estos tengan por delante un reto muy particular, que se muestra también como un desafío de presente y de futuro en el gobierno y administración del sistema de la negociación colectiva que les corresponde más a ellos que a la ley.
No va a ser fácil para la negociación colectiva sectorial asumir el papel que le reserva la nueva regulación, así como el protagonismo que adquiere la negociación colectiva de empresa. Y lo mismo cabe decir de las nuevas reglas de concurrencia, del contenido, de la vigencia, de la legitimación (preferencia por la negociación sindical con perjuicio de los comités de empresa) para negociar los convenios colectivos o del nuevo papel de las comisiones paritarias. Esa incertidumbre se acrecienta por el carácter provisional del decreto-ley, pues será tramitado como proyecto de ley en el Congreso, donde habrá modificaciones.
De otro lado, esta reforma plantea dos problemas jurídicos de relevancia constitucional que no han sido adecuadamente atendidos. El primero se refiere al propio decreto-ley, pues regula el ejercicio de un derecho constitucional, que forma parte de la actividad sindical, contenido esencial del derecho fundamental a la Libertad sindical, por lo que una legislación de urgencia no puede regular esa materia, por muchos intentos que se hagan por justificar su urgencia, y de ahí su inconstitucionalidad, a mi juicio. Por otra parte, esa misma inconstitucionalidad se proyecta sobre la fórmula del arbitraje obligatorio para resolver los conflictos relacionados con la ultractividad del convenio. Esa fórmula está pensada, conforme a la jurisprudencia constitucional, para casos-excepcionales de huelgas en servicios esenciales, que no concurren en el caso previsto, sin que su declarada provisionalidad salve esta tacha. Se trata, además, de un esfuerzo abocado al fracaso, pues, si las partes lo rechazan, el conflicto no se canalizará por vía del arbitraje, llevando esta solución a una conflictividad, también judicial, que la reforma trata de eliminar. Se hace así flaco favor al reforzamiento de los sistemas extrajudiciales, por lo que debe ser corregido.
No obstante, aun constatada esta complejidad que arrastra el nuevo sistema, parece que sus protagonistas deben hacer todos los esfuerzos posibles para dotar a la negociación colectiva de la utilidad y eficacia que ellos mismos reclaman y que la adaptabilidad y flexibilidad en la empresa y la seguridad de los trabajadores necesitan. La inexistencia de acuerdo no sería justificación para dejar de asumir esa responsabilidad, por ardua y dificultosa que sea, procurando dar respuesta a los problemas de la propia crisis económica y del empleo, y a las necesidades mismas de la sociedad.
Todos estamos soportando sacrificios, pues nuestro país está en un momento muy delicado, por lo que el consenso y el diálogo social debe recuperarse también en este terreno, actuando con el compromiso que siempre lo ha caracterizado, bajo las reglas de la ética y de buena fe. Y así tienen que actuar también los poderes públicos, en particular los gobiernos, estatal y autonómicos, y los órganos legislativos. Es lo que esperan y demandan todos los ciudadanos.
