Esa cuantía está por debajo de la que solicitó el TS (un millón de euros) y también a la que propuso el Ministerio de Justicia (800.000 euros), no obstante representa un incremento del 400% respecto a la cuantía actual (150.000 euros).
También se han rebajado la cuantía para los recursos de apelación civil desde los 6.000 euros que proponía el Gobierno, a la mitad.
Se ha pactado igualmente que la tasa para que las empresas y bancos promuevan procesos monitorios será de 50 euros en lugar de 90, pero todas las demandas inferiores a 3.000 euros quedarán exentas de tasa cualquiera que sea su promotor.
La Ley será aprobada el lunes por la Comisión de Justicia del Congreso con competencia legislativa plena y no incluirá reformas procesales penales, salvo la relativa a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.
