Entre los testigos a comparecer en el juicio, la defensa de Garzón pide que se llame al magistrado Antonio Pedreira y al ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado de uno de los imputados en la misma Ignacio Peláez, autor de la querella que inició este procedimiento.
En el escrito solicita igualmente la declaración del Comisario Jefe de la UDEF y de dos funcionarios de este cuerpo policial de investigación de delitos económicos.
A lo largo del escrito se repiten los mismos argumentos ya esgrimidos en los abundantes recursos que ha ido presentando en esta causa instando el archivo de la misma, como es el hecho de que Pedreira prorrogara por un mes la intervención de las comunicaciones una vez llegó el caso al TSJM tras inhibirse Garzón por la existencia de aforados.
Además, el escrito explica que las grabaciones obedecieron a la aparición de indicios de que "algunos abogados venían apareciendo en operaciones de blanqueo de dinero" con lo que las escuchas buscaban evitar que los imputados siguieran cometiendo sus delitos desde la cárcel.