Es correcta la concesión de la nacionalidad española por residencia a la solicitante que ha perdido por divorcio la Tarjeta Familiar de Residente Comunitario, al constatarse su derecho a residir en España por ostentar la custodia de su hijo menor de nacional español

TRIBUNAL SUPREMO

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 3081/2007

Ponente Excmo. Sr. OCTAVIO JUAN HERRERO PINA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Octubre de dos mil diez.

Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de 27 de abril de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso n.º 250/05, en el que se impugna la resolución del Ministerio de Justicia de 16 de febrero de 2005, que confirma en reposición la de 23 de septiembre de 2004, por la que se deniega a Dña. Emilia la concesión de la nacionalidad española por residencia. Ha sido parte recurrida la Procuradora Dña. Irene Gutiérrez Carrillo en nombre y representación de Dña. Emilia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 27 de abril de 2007, objeto de este recurso, contiene el siguiente fallo:

"PRIMERO.- Estimar el presente recurso contencioso-administrativo n.º 250/2005, interpuesto por D.ª. Emilia, representada por la Procuradora D.ª. IRENE GUTIÉRREZ CARRILLO y asistida por el Letrado D. JUAN DE DIOS RUÍZ MARÍA, contra la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictada por delegación del Ministro de Justicia, de fecha 16 de febrero de 2005, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la misma Dirección General de los Registros y del Notariado, dictada también por delegación del Ministro de Justicia, de fecha 23 de septiembre de 2004, resolución esta última que deniega la nacionalidad española a la recurrente.

SEGUNDO.- Reconocer el derecho de la recurrente al reconocimiento de la nacionalidad española.

TERCERO.- No hacer expresa condena en cuanto a las costas del procedimiento."

SEGUNDO.- Una vez notificada la citada sentencia, se presentó escrito por el Abogado del Estado, manifestando su intención de interponer recurso de casación, que se tuvo por preparado por providencia de 23 de mayo de 2007, siendo emplazadas las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO.- Con fecha 25 de julio de 2007 se presentó escrito de interposición del recurso de casación, haciendo valer dos motivos al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, solicitando que se case la sentencia recurrida y se dicte otra por la que se acuerde la conformidad a Derecho del acto impugnado.

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso se dio posterior traslado a la parte recurrida para que formalizara escrito de oposición, solicitándose por la misma que se confirme la sentencia impugnada.

QUINTO.- Conclusas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló el día 13 de octubre de 2010, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Formulada solicitud de reconocimiento de la nacionalidad española por Dña. Emilia, de nacionalidad marroquí, le fue denegada por resolución del Ministerio de Justicia de 23 de septiembre de 2004, al considerar que "la solicitante no lleva más de diez años de residencia legal en España exigidos por el artículo 22 del Código Civil, ya que según consta en la documentación que obra en el expediente, su Tarjeta Familiar de Residente Comunitario carecía de validez desde que cesó la causa que motivó su concesión tras la Sentencia de separación de 31/10/00, sin que conste que solicitara la que procedía a su nueva situación legal, tal como exige el artículo 61 del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio; y los artículos 2 y 7 del Real Decreto 766/1992 modificado por el Real Decreto 737/1995 y el Real Decreto 178/2003 ".

Formulado recurso de reposición, que fue desestimado por resolución de 16 de febrero de 2005, la interesada interpuso recurso contencioso administrativo, que fue estimado por sentencia de 27 de abril de 2007, en la que se razona el fallo en los siguientes términos: " En el particular recurso que enjuiciamos, de la certificación expedida por la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Ceuta obrante en el expediente administrativo (folio n.º 6 del expediente), se desprende que la recurrente obtuvo permiso de residencia legal inicial el día 8 de octubre de 1991, con validez de un año; posteriormente, tras casarse con un ciudadano español, la recurrente solicitó la TFRC con fecha 8 de octubre de 1992, obteniendo la referida Tarjeta el día 5 de noviembre de 1992, con validez de cinco años; y solicitada una primera renovación de la Tarjeta con fecha 14 de noviembre de 1997, obtuvo la renovación el día 18 de mayo de 1998, con igual validez.

Ahora bien, la recurrente se separó legalmente de su marido español por sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Ceuta de 31 de octubre de 2000.

Consecuentemente, cuando la recurrente solicitó la nacionalidad española, el 16 de abril de 2002, había desapareció el presupuesto que condicionaba la vigencia de su TFRC, ya que artículo 9.1 del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (y en parecidos términos, el artículo 7.1 del Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de Nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas) establece que la vigencia y la renovación de las TFRC está condicionada al hecho de que su titular continúe encontrándose en alguno de los supuestos que dan derecho a su obtención.

No puede oponerse al referido argumento el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, que aprobó el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ya que el apartado primero del artículo 61 de la indicada norma reglamentaria prevenía que los extranjeros titulares de permiso o tarjeta vendrían obligados, en el plazo de un mes, a poner en conocimiento de la Oficina de Extranjeros o Comisaría de Policía correspondiente al lugar donde residieran, los cambios de nacionalidad y de domicilio habitual, así como, cuando fuera procedente, las modificaciones de las circunstancias familiares o de aquellas otras establecidas legal o reglamentariamente para la obtención de los permisos correspondientes, comunicación que debía ir acompañada de los documentos que acreditaran dichos cambios.

Además, y en cualquier caso, de conformidad con la disposición final segunda del Real Decreto 178/2003 (disposición final primera del Real Decreto 766/1992 ), la normativa general en materia de extranjería sólo es aplicable a los supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 178/2003, con carácter supletorio y en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y en su derecho derivado, y el artículo 9.1 del Real Decreto 178/2003 (7.1 del Real Decreto 766/1992 ) condiciona de manera clara y patente la vigencia y renovación de las TRFC al mantenimiento de los presupuestos que dan lugar a su obtención.

Ello no obstante, las particularidades circunstancias concurrentes en el supuesto enjuiciado deben conducirnos a sostener un criterio contrario al mantenido por la Administración en la resolución recurrida.

En efecto, de la documentación incorporada por la recurrente a la solicitud de nacionalidad se desprende que venía residiendo legalmente en España desde el día 8 de octubre de 1991, fecha de la concesión de su primer permiso de trabajo y residencia, por lo que cuando solicitó la nacionalidad española ya había completado sobradamente el período de diez años de residencia en España.

Por otro lado, la sentencia de separación atribuyó a la recurrente la guardia y custodia de los hijos del matrimonio, de nacionalidad española, por lo que la recurrente habría tenido derecho a la TFRC de conformidad con el artículo 2 c) del Real Decreto 178/2003 (artículo 2 c) del Real Decreto 766/1992, tras la modificación operada por el Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo), debiendo considerarse en situación de residencia legal hasta el 18 de mayo de 2003, fecha de expiración de la última Tarjeta que le fue concedida, según el criterio que viene sosteniendo el Tribunal Supremo en supuestos similares al enjuiciado (STS de 7 de septiembre de 2006 ).

Atendiendo las expresadas circunstancias, y llevando a cabo una interpretación de las normas en equidad, acorde con su espíritu y finalidad, consideramos que la Administración debió conceder la nacionalidad española a la recurrente, quien habría tenido derecho, en todo caso, según criterio del Tribunal Supremo, al mantenimiento de la vigencia de su TFRC, completando así, no ya el plazo privilegiado de residencia consecuente al disfrute de la referida Tarjeta, sino al más amplio de diez años establecido con carácter general en el Código Civil."

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia se interpone este recurso de casación por el Abogado del Estado, en cuyo primer motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, denuncia la infracción del art. 22.3 del Código Civil, en relación con los arts. 1.6 y 3.2 del mismo, alegando que cuando la interesada solicitó la nacionalidad española no cumplía el requisito de residencia legal, continuada, de diez años, inmediatamente anterior a la petición, ya que desde la fecha de la sentencia de separación hasta la solicitud de nacionalidad su residencia no era legal, en cuanto la TFRC estaba concedida sobre la base de un estado conyugal incorrecto, entendiendo que no es aplicable la doctrina de esta Sala establecida en sentencia de 7 de septiembre de 2006, a que se refiere la Sala de instancia, por ser una única sentencia, no poder modificar lo dispuesto en la norma y no declarar una excepción al art. 22.3 CC, como si hace la sentencia, sino que considera cumplido el requisito de la residencia legal.

En el segundo motivo, también al amparo del art. 88.1.d) de la Ley procesal, se alega la infracción del art. 2.c) del Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, al entender que dicho precepto se refiere a los ascendientes del español, en este caso los hijos, que vivan a sus expensas, es decir, a expensas de los hijos, lo que en este caso no ocurría.

TERCERO.- La adquisición de la nacionalidad por residencia exige, entre otras circunstancias, que el tiempo de permanencia en España sea legal, continuado e inmediatamente anterior a la solicitud (art. 22 Cc ), lo que supone la efectividad y legalidad de dicha residencia, que ha de ser objeto de valoración en cada caso.

En este caso y desde una interpretación estricta de la norma, el Abogado del Estado entiende que la recurrente no cumplía el requisito de residencia legal, continuada, de diez años, inmediatamente anterior a la petición, ya que desde la fecha de la sentencia de separación (31-10-2000 ) hasta la solicitud de nacionalidad su residencia no era legal, en cuanto la TFRC estaba concedida sobre la base de un estado conyugal incorrecto, es decir, que siendo claro que desde que obtuvo el primer Permiso de Residencia el 8 de octubre de 1991, hasta la solicitud de concesión de la nacionalidad el 14 de abril de 2002, la interesada había completado ampliamente el plazo de diez años de residencia en España, la Administración y el Abogado del Estado oponen que tal residencia no podía considerarse legal desde la fecha de la sentencia de separación de 31 de octubre de 2000, por lo que no cumpliría tal requisito.

No es el periodo de residencia el que no se considera completado sino la falta de carácter legal de la misma a partir de la indicada fecha, lo que significa anudar la ilegalidad de la permanencia en España de la recurrente necesariamente y de manera automática a la pérdida de vigencia de la tarjeta de familiar residente, por haberse producido la separación del matrimonio en función del cual había sido obtenida, lo cual, como hemos señalado en reciente sentencia de 11 de mayo de 2010, no es evidente, cuando, como ocurría en aquel caso, el solicitante seguramente tenía derecho a residir en territorio español por otros conceptos, tales como tener la custodia de su hijo menor de nacionalidad española, circunstancia que es valorada también por la Sala de instancia en este proceso, con la cualificación de que en este caso, a la recurrente se le reconoce en la sentencia de separación la custodia de sus hijos menores, en ese momento cuatro de sus cinco hijos. Ciertamente podría cuestionarse, como se hace en el segundo motivo de casación, la legalidad de la residencia en tal concepto en cuanto la interesada no viva a expensas de sus descendientes, como se deduce del art. 2.c) del R.D. 766/92 ó el R.D. 178/2003, más ello es una circunstancia que habría de valorarse al resolver sobre tal situación y no puede excluirse de plano, como pone de manifiesto la sentencia de 7 de septiembre de 2006, citada en la instancia y examinada por el Abogado del Estado, refiriendo incluso la recurrida en su oposición al recurso, que en los primeros años tras la separación vino percibiendo prestaciones y cantidades de la Ciudad Autónoma de Ceuta en atención a sus hijos menores de edad. Pero es que, además, la propia Administración en su actuación posterior, lejos de poner en cuestión la legalidad de la residencia parece atender a la misma, como se desprende de la resolución de 23 de abril de 2003, por la que se concede a la recurrente Permiso de Trabajo y Residencia tipo "P", con validez de cinco años a partir del 18 de mayo de 2003, precisamente la fecha en la finalizaba la validez de la TFRC que ostentaba, de manera que no se trata de regularizar la situación por la pérdida de vigencia de la TFRC obtenida por cinco años desde el 18 de mayo de 1998 sino que, a pesar de dictarse la resolución antes de concluir dicho plazo y constar sin duda a la Administración la distinta situación familiar de la recurrente por la solicitud de ésta, lo que se concede es la renovación de la residencia por el transcurso del plazo de la anterior.

Pues bien, si la propia Administración no toma en consideración a tales efectos la posible pérdida de vigencia de la TFRC anterior, considerando implícitamente legal la residencia de la recurrente hasta la fecha de 18 de mayo de 2003, no resulta congruente hacerlo a efectos de entender ilegal la misma residencia de la recurrente desde la fecha de la sentencia de separación a efectos de concesión de la nacionalidad.

Todo ello conduce a la desestimación de ambos motivos de casación, considerando, por el contrario, razonable la aplicación de la Ley efectuada por la Sala de instancia a la vista de las circunstancias concurrentes en este caso.

CUARTO.- La desestimación de los motivos invocados lleva a declarar no haber lugar al recurso de casación, lo que determina la imposición legal de las costas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del recurso y la dificultad del mismo, señala en 2.000 euros la cifra máxima como honorarios de letrado de la parte recurrida.

FALLAMOS

Que desestimando los motivos invocados, declaramos no haber lugar al presente recurso de casación n.º 3081/2007, interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de 27 de abril de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso n.º 250/05, que queda firme; con imposición legal de las costas a la parte recurrente en los términos indicados en el último fundamento de derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Noticias Relacionadas

• La Orden ITC/3860/2007, por la que se revisan las tarifas eléctricas, se ajusta a derecho en cuanto obliga a las familias numerosas a contratar una tarifa más cara que en los hogares en los que solo vive una persona, y a soportar recargos por exceso de consumo en función del número de personas que conviven en el domicilio
  Se desestima el recurso interpuesto por la Federación de Familias Numerosas, que pretende la declaración de nulidad de la Orden ITC/3860/2007, por la que se revisan las tarifas eléctricas, en cuanto discriminan a las familias numerosas. Alega la recurrente la infracción del principio de igualdad, por considerar que las familias numerosas están obligadas a contratar, por el número de las personas que conviven en el domicilio, una tarifa más cara y a soportar recargos por exceso de consumo, en cambio, en los hogares en los que solo vive una persona, ésta se beneficia al soportar una carga económica menor. Sin embargo, las situaciones que se ofrecen como término de comparación no resultan equiparables, por lo que la diferencia productora de desigualdad resulta inadecuada para considerar que existe un trato discriminatorio contrario al art. 14 de la Constitución. En cuanto a la alegada infracción del mandato legal de protección a las familias numerosas y, concretamente, del art. 13 de la Ley 40/2003, también se desestima, pues de estas disposiciones no se infiere directamente el reconocimiento de un derecho de las familias numerosas a la aplicación de una tarifa bonificada por el suministro de energía eléctrica. 06/05/2011
• Conforme al art. 65.2 en relación con el 56.1 de la LBRL, el plazo de 15 días que la Administración estatal o autonómica poseen para formular el requerimiento previo de nulidad del acto municipal que entienden infringe el ordenamiento jurídico, se computa a partir de que reciban de la Entidad Local la comunicación del mismo
  Ha lugar al recurso de casación en interés de la ley interpuesto por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia que consideró que el requerimiento de nulidad previsto en el art. 65.2 de la LBRL, formulado por el recurrente al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, fue extemporáneo porque se realizó una vez que había expirado el plazo de 15 días, ya que la Administración autonómica, por medio de un tercero, tuvo conocimiento del acto que entendía infringía el ordenamiento jurídico. Afirma el TS que la doctrina contenida en la sentencia impugnada es errónea y gravemente dañosa para el interés general, ya que la convalidación del deber de remisión por la conducta de un tercero resulta singularmente perturbadora para la seguridad jurídica, pues siembra de incertidumbres el cómputo de un plazo cuyo día inicial ha sido fijado por la propia ley y vinculado al cumplimiento del deber previsto en el art. 56.1 de la LBRL. Respetando la situación jurídica particular derivada del fallo recurrido, fija la Sala como doctrina legal que: "A los efectos del art. 65.2 de la Ley 7/1985, el cómputo del plazo de quince días para formular el requerimiento previo se computará a partir de que la Administración estatal o autonómica reciban de la Entidad Local la comunicación del acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley". 05/05/2011
• La naturaleza mixta público-privada de las Comunidades de Regantes, les permite impugnar los actos del Organismo de Cuenca, pues no está indefectiblemente integrada en la Administración, vinculada o dependiente de la misma en términos de superior jerárquico
  Ha lugar al recurso contra la sentencia que declara la inadmisión del interpuesto por la Comunidad de Regantes actora contra un acto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, inadmisibilidad fundamentada en la falta de legitimación para impugnar los actos del Organismo de Cuenca. Afirma el TS que las Comunidades de Regantes, aun tratándose de Entidades de Derecho Público, no están incursas en todo caso, como entendió la Sala de instancia, en la falta de legitimación prevista en art. 20 c) de la LJCA, porque, aun adscritas al Organismo de Cuenca que ejerce sobre ellas las potestades de tutela únicamente en los supuestos previstos en la Ley de Aguas, realizan fines de naturaleza mixta, referidos tanto a la consecución del interés general como a la satisfacción de los intereses privados de los comuneros, revistiendo esta última actividad analogía con las organizaciones profesionales para la defensa de los intereses económicos propios. Esta naturaleza mixta público-privada de su actividad impide su incardinación indefectible como integrante de la Administración, vinculada o dependiente de la misma en términos de superior jerárquico, existiendo una esfera importante de su actuación ajena e independiente de la Administración caracterizada por la consecución de los intereses privados de sus miembros. 03/05/2011
• No es suficiente utilizar la fórmula genérica consistente en la producción de “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, derivados de la actuación de la Administración, para entender que ésta ha incurrido en responsabilidad patrimonial
  La Sala, examina los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la jurisprudencia que los interpreta, y llega a la conclusión de que fue acertada la resolución del Presidente de la Agencia Tributaria que desestimó la solicitud de indemnización de daños y perjuicios solicitada por el actor, por lo que entendía daños económicos, morales y psicológicos sufridos por la actuación de las Dependencias de Recaudación de las Delegaciones de la Agencia Tributaria de Madrid y Zaragoza al iniciar y continuar sendos procedimientos ejecutivos contra una deuda posteriormente anulada. El recurrente no ha acreditado cuáles han sido los daños producidos por la actuación de la Agencia Tributaria, no siendo suficiente recurrir a la fórmula genérica utilizada aludiendo a “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, máxime cuando los efectos de las liquidaciones anuladas fueron sustituidos por las correspondientes devoluciones de ingresos más los intereses resarcitorios. 14/04/2011
• La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón suprime el acuerdo por el que se instauró el desplazamiento de un Juzgado de lo Penal de Zaragoza al partido judicial de Calatayud, para celebrar los juicios de las causas incoadas por los juzgados de Instrucción de esa localidad
  No acoge la Sala el recurso del Ayuntamiento de Calatayud interpuesto contra el Acuerdo del CGPJ, que confirmó la decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de dejar sin efecto el acuerdo por el que se instauró el desplazamiento de un Juzgado de lo Penal de Zaragoza al partido judicial de Calatayud para la celebración de los juicios penales de los procedimientos abreviados instruidos por los Juzgados de Instrucción de dicha localidad. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, en virtud de lo dispuesto en el art. 269.3 de la LOPJ, motivó adecuadamente las razones que le llevaron a adoptar su decisión: tales como el carácter excepcional de la medida, su poca eficacia ante la carga de trabajo que pesaba sobre los Juzgados de lo Penal y la distorsión que suponían los desplazamientos, la mejora de las comunicaciones y la facilidad para viajar a Zaragoza, su supresión en otras provincias y su escasa o nula efectividad. Concluye el Supremo que la decisión organizativa y funcional tomada, responde a criterios de eficacia y eficiencia en la administración de los medios disponibles y ha sido adoptada por el órgano competente. 30/03/2011
• No es suficiente utilizar la fórmula genérica consistente en la producción de “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, derivados de la actuación de la Administración, para entender que ésta ha incurrido en responsabilidad patrimonial
  La Sala, examina los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la jurisprudencia que los interpreta, y llega a la conclusión de que fue acertada la resolución del Presidente de la Agencia Tributaria que desestimó la solicitud de indemnización de daños y perjuicios solicitada por el actor, por lo que entendía daños económicos, morales y psicológicos sufridos por la actuación de las Dependencias de Recaudación de las Delegaciones de la Agencia Tributaria de Madrid y Zaragoza al iniciar y continuar sendos procedimientos ejecutivos contra una deuda posteriormente anulada. El recurrente no ha acreditado cuáles han sido los daños producidos por la actuación de la Agencia Tributaria, no siendo suficiente utilizar la fórmula genérica utilizada aludiendo a “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, máxime cuando los efectos de las liquidaciones anuladas fueron sustituidos por las correspondientes devoluciones de ingresos más los intereses resarcitorios. 29/03/2011
• ALTADIS está obligada al abono de intereses de demora, en relación con el IVA a la Importación, desde la fecha de importación de bienes hasta el periodo en que hubiera podido deducir las cuotas del IVA soportado; y no desde la fecha de realización de la importación hasta el momento de incoación del Acta de la Inspección
  Se interpone recurso de casación para unificación de doctrina contra la sentencia que, confirmando el Acuerdo del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, declaró procedente que por la entidad recurrente se abonaran intereses de demora en relación con el IVA a la Importación, correspondientes al período comprendido entre la fecha de realización de la importación hasta la fecha de incoación del acta de la Inspección. El TS señala que la sentencia impugnada no se ajusta a la doctrina sentada al respecto, según la cual, como el derecho a deducir nace con el devengo del impuesto -que en el caso de las importaciones de bienes coincide con la importación-, los intereses deben limitarse al plazo de tiempo transcurrido desde la fecha de la importación hasta aquélla en que el sujeto pasivo hubiera podido deducir las cuotas de IVA soportado, pues sólo en ese intervalo temporal, que en este caso fue de un mes, la suma adeudada dejó de estar ingresada en las arcas públicas. Es a ese mes al que ha de limitarse el pago de intereses por parte de la recurrente, por lo que el recurso de estima en ese aspecto. 25/03/2011
• No están sujetos al IVA las prestaciones de servicios por sociedades mercantiles pertenecientes a entes locales
  La sentencia objeto del presente recurso de casación para unificación de doctrina, declaró ajustada a derecho la denegación a la entidad recurrente -Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón-, de su solicitud de devolución de ingresos indebidos, en referencia al IVA. La sentencia declaró improcedente la devolución en base a considerar que los servicios prestados por la empresa estaban sujetos al IVA, al actuar el Ayuntamiento por medio de la misma para realizar los servicios de limpieza-viaria, recogida tratamiento y aprovechamiento de residuos. El TS estima el recurso y señala que la sentencia impugnada no se ajusta a la doctrina sentada al respecto de la sujeción al IVA de la prestación de servicios públicos mediante sociedades privadas. Según dicha doctrina, cuando, como en este caso, las actividades se desarrollan materialmente por una empresa, pero lo hace jurídicamente el Ayuntamiento -como lo demuestra el hecho de que éste percibe la correspondiente tasa-, la empresa actúa bajo un régimen de Derecho Público, lo que supone la no sujeción al IVA. La empresa pasa a comportarse como un órgano dependiente del ente público, que no genera distorsión de la competencia, y que recibe transferencias del Ayuntamiento que no suponen una contraprestación, ya que están dirigidas a la financiación de la empresa para el desarrollo de sus funciones. 24/03/2011
• Es correcto el justiprecio fijado al terreno expropiado para la construcción de un cementerio en la ciudad de Valencia, que sigue el criterio de valoración propio del suelo urbanizable delimitado, ya que se trata de un sistema general que contribuye a crear ciudad
  Desestima la Sala el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia contra sentencia que fijó el justiprecio del terreno expropiado conforme a la cantidad recogida en la hoja de aprecio de los expropiados. Declara que se está en presencia de un suelo clasificado como no urbanizable para la construcción de un cementerio previsto en el PGOU, y que reúne los requisitos requeridos para ser tenido por un sistema general que contribuye a crear ciudad, por lo que la sentencia recurrida actuó conforme a derecho al fijar el nuevo justiprecio siguiendo el criterio de valoración propio del suelo urbanizable delimitado. Por otro lado, y, en contra de lo manifestado por la Corporación actora, no es de aplicación al supuesto litigioso el art. 27.2 de la Ley del Suelo y Valoraciones, en la redacción dada por le Ley 10/2003, que contiene una prohibición de que las expectativas urbanísticas sean tenidas en cuenta a la hora de valorar el suelo urbanizable no delimitado, toda vez que el procedimiento expropiatorio se inició antes de la entrada en vigor de la reformar operada. 18/03/2011
• Conformidad a Derecho de la Orden Ministerial, de 4 de diciembre de 2007, por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Españolas
  No ha lugar al recurso de casación interpuesto frente a la sentencia confirmatoria de la Orden Ministerial, de 4 de diciembre de 2007, por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Españolas. A juicio del Tribunal Supremo, no sólo se ha dictado la disposición cuestionada en virtud de específicas habilitaciones, sino que sus prescripciones son respetuosas con las previsiones legales y reglamentarias a las que está subordinada, y todo ello sin la vulneración denunciada del derecho fundamental de asociación de las federaciones deportivas y de la LO 1/2002. La Orden se limita a concretar unas previsiones de naturaleza organizativa y procedimental, en plena sintonía con las pautas sentadas por el legislador, además de proceder a adaptar la regulación precedente al RD 1026/2007. Estas Federaciones no tienen la consideración de asociaciones encuadradas en el marco general de la LO 1/2002 porque desempeñan funciones públicas por delegación y, por tanto, tampoco pueden tener una libertad absoluta de configuración interna, en la medida en que su existencia y actividad debe estar orientada también al cumplimiento de los fines de interés general que figuran reconocidos en el art. 43.3 CE. 16/03/2011

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

• Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
• No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
• Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.