Ambas partes destacan la trascendencia constitucional de este servicio y la relevante función social en interés de la justicia de la prestación profesional libre e independiente que llevan a cabo los abogados designados por el Colegio, que debe encuadrarse en un escenario de reconocimiento público, dignidad y evitación de prácticas que se aparten del interés general.
En ese sentido, ambas instituciones dispondrán lo mecanismos necesarios para optimizar la prestación de los servicios, garantizar la adecuada aplicación de los fondos públicos asignados teniendo presente el imperativo de rigor en el gasto que deben observar todas las administraciones públicas, y mejorar las condiciones en que los abogados ejercen esta actividad en beneficio del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
Con ese fin se creará inmediatamente una comisión de trabajo integrada por representantes de la Comunidad y del Colegio de Abogados de Madrid orientada a establecer un marco permanente y flexible en el que resolver los conflictos derivados de la aplicación de la normativa sobre asistencia jurídica gratuita y a la revisión, dentro de los respectivos ámbitos competenciales de ambas instituciones, de los procedimientos de gestión, organización y pago del servicio así como de los baremos utilizados para fijar las remuneraciones de los abogados. Asimismo, representantes de la Comunidad y del Colegio estudiarán de modo conjunto la reforma del marco legal que regula el derecho constitucional a la asistencia letrada y el turno de oficio y elevarán a las instancias competentes las propuestas necesarias para mejorarlo, adaptándolo a la actual realidad social, en garantía de la máxima eficacia y eficiencia del servicio público.
Tanto la Comunidad de Madrid como el Colegio de Abogados confían en que desde el trabajo conjunto, la corresponsabilidad y la lealtad institucional se evitarán tensiones como las que recientemente han afectado a este servicio esencial para el sistema constitucional de la justicia.
