DOBLE ESTÁNDAR CON DICTADORES CORRUPTOS
Una de las múltiples causas que explican y justifican el estallido de la revolución en el norte de África y Oriente Próximo es la corrupción y enriquecimiento de los altos cargos de esos estados, desde Marruecos a Yemen. Sirva de ejemplo de la rapiña de la clase dirigente el empeño de la esposa del ex presidente tunecino de incluir entre su equipaje 154 lingotes de oro que sacó del Banco de Túnez.
El Convenio de la ONU contra la corrupción, en vigor desde 2005, reconoce que los casos de corrupción por parte de políticos y funcionarios alcanzan a vastas cantidades de activos hasta el punto de amenazar la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos estados. Es cierto que la hipocresía de los dirigentes corruptos les lleva a suscribir convenios internacionales para aparentar que ellos mismos, los depredadores, combaten la corrupción de su entorno. A pesar de la decena de convenios para exigir rendición internacional de cuentas a los corruptos, apenas hay suficiente cooperación entre países, debido a la falta de voluntad para utilizar esos instrumentos mientras el sátrapa está en activo.
Estos dictadores saquean el tesoro público y depositan cuantiosas cifras en bancos occidentales y en paraísos fiscales. ¿Qué responsabilidad cabe exigirles? No me refiero a la responsabilidad penal en su propio país, que sólo tiene lugar cuando felizmente se produce el cambio político, sino a la que estados y organizaciones internacionales, como la UE, pueden exigir para que esas sumas puedan ser bloqueadas y embargadas y, posteriormente, si fuera posible tras una normalización mínimamente democrática, devueltas al Tesoro. ¿Qué podría haber hecho la UE y qué hace para exigir cuentas a los dictadores corruptos? Al margen de los convenios internacionales sobre corrupción, la UE tiene competencia para adoptar sanciones, contra un Estado extranjero y contra particulares.
No me voy a referir a las sanciones de inmovilización de fondos adoptados por la UE en relación con personas físicas y grupos terroristas para asfixiarles financieramente (denominadas sanciones inteligentes), pues la razón es su actividad terrorista y no la corrupción. Me refiero a los casos en los que la UE ha adoptado el bloqueo de bienes de personalidades extranjeras o de su entorno como una sanción, no sólo por el hecho de ser dirigentes de dictaduras, sino por tener conocimiento del saqueo de bienes públicos. A determinadas dictaduras, eso sí, lejanas, que violan de forma brutal los derechos humanos y se apropian del dinero público, se les bloquean los bienes a los miembros de esos gobiernos y se les prohíbe viajar a Europa. No son sanciones al Estado ni a la población sino individualizando a la clase política corrupta. Así, se ha sancionado a dirigentes de Bielorrusia, Birmania o Uzbekistán. Por supuesto, no es necesario para adoptar este tipo de sanciones a personas físicas una petición judicial previa de los jueces de Estado del sancionado (impensable mientras se mantenga el dictador en el poder) ni de los jueces de la UE.
Es cierto que cuando se ordena el bloqueo desde la UE buscarán paraísos fiscales o estados amigos para los añadidos capitales que sigan desviando del erario público; pero los que habían depositado en Europa quedan inmovilizados y no se les permite disponer sin previo control judicial europeo o hasta levantar la sanción. Suiza, que no es miembro de la UE, está cambiando mucho en esta materia y la ley aprobada en 2010 facilitará la inmovilización y el retorno de los capitales robados (por ejemplo, está pendiente de devolver la fortuna del dictador y criminal Jean-Claude Duvalier, ex presidente de Haití y antiguo protegido de la Francia, orgullosa de la retórica de los derechos humanos y valedora de aquella brutal dictadura haitiana y de las cleptocracias del Norte de África).
Otras sanciones de la UE por corrupción llegan tarde, como la recién adoptada contra Ben Ali cuando ya había sido expulsado de Túnez. La decisión del Consejo ordenó la inmovilización en toda la UE de todos los capitales y recursos de personas de nacionalidad tunecina responsables de malversación de fondos, publicándose una inicial lista con los nombres y datos de Ben Ali y su esposa. Parece que después de 30 años en el poder, la UE por fin se enteró de que Ben Ali (cuyo partido estaba integrado en la Internacional Socialista, como el de Mubarak) era dictador y ladrón, que las elecciones se falseaban, que se violaban los derechos humanos y que había “personas responsables de malversación de fondos públicos tunecinos, que privan por tal motivo al pueblo de Túnez de las ventajas del desarrollo sostenible de su economía y de su sociedad”. Es una decisión farisaica e interesada; debió adoptarse años atrás y ahora se hace para congraciarse con las nuevas autoridades y la población.
El embargo de las cuentas de los dictadores y su entorno debería adoptarse de forma sistemática por la UE, sin esperar a la caída del dictador, cada vez que se tengan serios indicios de malversación de caudales públicos y corrupción de dirigentes extranjeros que utilizan el sistema bancario europeo. La UE practica dobles estándares, según sean dictadores próximos y colaboradores o lejanos y al margen de nuestros intereses.
Todos los esperanzadores acontecimientos del Norte de África ponen de manifiesto la retórica europea de la defensa de los valores y de los principios fundados en la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la justicia, y el hipócrita compromiso de su promoción fuera de la UE, por ejemplo en el Mediterráneo. La UE -y por supuesto EEUU- ha permitido los abusos, saqueos y crímenes de estas autocracias; han aceptado el chantaje de esos sátrapas explotando el miedo al integrismo fundamentalista, al tiempo que en su doble juego esos dictadores lo han alimentado y dosificado, sin combatirlo, para usar el miedo como coartada en su provecho económico y perpetuarse en el poder. Los sátrapas norteafricanos, con la complicidad occidental, han empujado a sus pueblos a la miseria que les condena a la emigración, cada vez más difícil por nuestra propia crisis, o a la desesperada inmolación. No nos extrañe que nos acusen de doble moral y de haber combatido el terrorismo fundamentalista sosteniendo a los regímenes autoritarios del Magreb. Tiempos de esperanza para esos pueblos y de incertidumbre para nosotros. Por nuestra culpa, nuestra gran culpa.
