Esta obligación, que entraba en vigor el 1 de enero de 2012, se impuso en el IV Convenio estatal de Construcción, firmado, con vigencia entre 2007 y 2011, por UGT y CC OO con las constructoras.
En su fallo, la sala de lo Social del Supremo sostiene que el establecimiento de la TCP como obligatoria "vulnera el derecho al trabajo" por cuanto "no cabe descartar, sino todo lo contrario, que esa obligatoriedad se proyecte sobre las contrataciones". Indica que la ley de Subcontratación "se limita a regular una forma de acreditación" de la formación en riesgos sin establecer restricciones, pero el convenio "se ha excedido". Entre otras cosas, el tribunal indica que su imposición "llevaría al absurdo de hacer imposible la contratación de quienes no han sido previamente trabajadores del sector"
