La medida comenzará a aplicarse en un plazo de 18 meses, y con ella se pretende acabar con una normativa de divorcio que hoy varía entre distintos países.
El nuevo régimen permitirá a la pareja escoger la ley aplicable, y si no hay acuerdo fija un protocolo de prioridades en el que primará la normativa del país de residencia habitual y, si la pareja ya vive separada, el de última residencia conjunta. En su defecto, el de la nacionalidad común y si llegaran a ser de distintos países, la del tribunal al que se acuda.
