Entre los acusados tres ex alcaldes, concejales de diferentes formaciones, empresarios y abogados y el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca. Otros tres imputados (los ex concejales marbellíes Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario Carlos Llorca) se encuentran en busca y captura.
Las sesiones del juicio oral pueden alargarse más de un año.
La operación malaya destapó una trama de sobornos en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de favores urbanísticos que ha dejado a la localidad, sin ingresos por actividad urbanística desde 2003, una deuda de 512 millones de euros.
Entre los acreedores del Ayuntamiento figuran la Junta de Andalucía (que prestó al municipio 100 millones) y el Estado, que se presentan como acusación particular junto al consistorio.
