Según la responsable del área de administración autonómica de CSIF-A, Alicia Martos, el citado recurso “se interpuso velozmente y ha sido admitido a trámite con la celeridad que da el corto plazo, toda vez que lo presentamos ante el TSJA por la vía especial de protección de derechos fundamentales”.
En dicho recurso se pide la nulidad del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta donde se impulsó y se aprobó el decreto ley de reordenación y a la vez el sindicato pidió la suspensión de dicho acto, que contempla la reubicación de 2.000 funcionarios y 20.000 laborales de la “administración paralela”.
En la notificación de la admisión a trámite, el TSJA “ha abierto lo que llama 'pieza separada' para analizar las medidas cautelares solicitadas y si suspende o no el acto administrativo”, según Martos, y agregó que todo ese proceso se ha notificado y se ha dado traslado a la Administración autonómica para que “pueda recurrir”.
Entre los artículos que, según considera CSIF-A, se conculcan, se encuentran el artículo 37 “por falta de negociación en una norma que afecta a las condiciones de personal y que debería haber sido previamente negociando con las organizaciones sindicales”, un aspecto que también “supone vulnerar el Estatuto Básico del Empleado Público”.
