Existen dos líneas jurisprudenciales: la que entiende que para aplicar dicho delito es suficiente que se produzca una agresión en el seno de la pareja, y la que exige que concurra en el agresor una voluntad de sojuzgar a la pareja o dominarla.
Las asociaciones de jueces insistieron el pasado jueves en que hace falta que el Supremo establezca una línea uniforme de doctrina para que se determine qué jurisprudencia prevalece, según José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia.
Por su parte Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, señaló que la doctrina del Tribunal Supremo debería ser absolutamente unívoca, uniforme, esclarecedora y clarividente.