Con este Proyecto, que atiende en gran medida las observaciones planteadas por dichos agentes, se traspone al ordenamiento jurídico español el nuevo marco regulador europeo establecido por la Directiva comunitaria de 20 de febrero de 2008, en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios.
La nueva Ley establecerá el régimen aplicable a la prestación de los servicios postales, garantizará el correcto funcionamiento del mercado postal, la prestación de un servicio postal universal de calidad y la protección de los derechos de los usuarios y los trabajadores del sector, y culmina el proceso de realización plena del mercado único iniciado hace más de diez años.
Objetivos del Proyecto de Ley
El Proyecto persigue el cumplimiento de tres objetivos básicos:
Garantizar un servicio postal universal de calidad, prestado en todo el territorio del Estado con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación.
Asegurar que los usuarios de los servicios postales gozan de unos derechos adecuados, independientemente de quien sea el prestador de los mismos y del ámbito de esa prestación.
Conseguir un mercado postal con reglas de funcionamiento seguras y transparentes que hagan posible la libre concurrencia en la prestación de los servicios postales, garantizando en todo caso el respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores del sector y la integridad de la red pública de Correos.
Un servicio postal universal de calidad
Para garantizar un servicio postal universal de calidad, que incluye las cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos, y paquetes de hasta veinte kilogramos, tanto ordinarios como certificados, el Proyecto de Ley regula todos los aspectos, ya sean materiales como de principios, a los que debe atenerse la prestación por parte de Correos y Telégrafos, que en España continuará siendo el prestador designado único para el servicio postal universal.
La norma contempla también un sistema de financiación que garantiza la suficiencia de recursos para hacer frente a la carga financiera que tiene que soportar el operador designado. Así, además de la contribución que todos los operadores y usuarios deben realizar, se establece una aportación del Estado para garantizar la suficiencia de recursos.
Derechos de los usuarios
Los derechos de los usuarios de los servicios postales es el segundo de los elementos esenciales que desarrolla el Proyecto de Ley. Algunos de estos derechos son nuevos, otros aparecen ahora elevados al rango de ley y todos ellos quedan sistematizados y garantizados por la misma.
Así, a los tradicionales derechos al secreto e inviolabilidad de la correspondencia, a la propiedad de los envíos o a la protección de datos, se suman el derecho a la información sobre los servicios postales, el de reclamación y denuncia, el derecho a la identificación del operador y el de protección de los envíos no entregados.
Libre concurrencia en la prestación de servicios
La nueva regulación persigue crear un mercado más dinámico, eliminando las barreras de entrada, con empresas postales más competitivas y más comprometidas con una economía sostenible y socialmente responsable.
De acuerdo con las directrices comunitarias, se pone fin al área reservada a Correos y Telégrafos, sin que por ello ponga en riesgo su viabilidad financiera, dado que, como se ha señalado anteriormente, la norma prevé un sistema sólido de financiación alternativo.
Empleo de calidad
Entre los principios rectores que conforman el Proyecto de Ley se contempla el respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores postales en el convencimiento de que en un sector tan intensivo en mano de obra, como es el postal, únicamente puede hacer frente a los retos que se le presentan con un empleo de calidad.
El mayor logro de este Proyecto es conjugar la transposición de una Directiva encaminada a construir un mercado interior de los servicios postales en libre concurrencia con la prestación de un servicio universal de calidad sin renunciar a ninguno de los presupuestos sociales que son las señas de identidad de este Gobierno.
Empresas Postales de calidad
La nueva Ley crea el sello de Excelencia de Empresa Postal Sostenible, por el que se distinguirá a las empresas postales más comprometidas con los derechos sociales, la protección ambiental y la responsabilidad social corporativa.
