En su intervención, Francisco Caamaño, ha explicado que el citado proyecto de ley plantea “un cambio profundo de concepción” del Registro Civil, para dejar atrás el actual formato de hechos inscritos en libros dispersos por toda la geografía española e implantar un nuevo modelo basado en el registro de personas, “a través de una base de datos creada a partir de fichas personales, con un código de identificación que nos permitirá acceder en cualquier momento y lugar a nuestra historia civil”.
Según ha afirmado, el nuevo registro será, además, un registro desjudicializado, que operará como una organización administrativa cuyas resoluciones finales serán sometidas a control judicial, “superándose, así, -ha señalado- la compleja situación actual en la que se produce una singular combinación entre expediente administrativo y judicial, difícilmente compatible con una concepción moderna y rigurosa del principio de separación de poderes”.
El ministro de Justicia ha insistido en que este proyecto de ley no es una reforma, “sino un cambio de modelo”, por lo que exige un atento estudio que permita una transición progresiva y ordenada. “El salto de un registro de hechos a un registro de personas, de un registro de libros a un registro electrónico, de un registro de acceso rogado a otro de acceso directo, es de tal relevancia para la institución y el servicio que presta a los ciudadanos, que hemos querido examinar con detenimiento todas y cada una de las observaciones recibidas por los órganos consultados”, ha añadido Francisco Caamaño.
En este sentido, el ministro se ha mostrado convencido de que el proyecto de ley, que iniciará muy pronto su fase de tramitación parlamentaria, “se verá nuevamente perfeccionado con las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios”, ya que ante cambios legislativos de esa importancia, “todas las voces han de ser escuchadas”.
