La Fiscalía solicitaba penas de entre 7 y 16 años y medio de prisión por los cargos de delito de colaboración terrorista y colaboración con el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate.
La Audiencia considera probado que a principios de 2005 un colaborador de la Guardia Civil conoció a B, quien le aseguró que le podía proporcionar hachís a cambio de goma dos o armas.
Tras varias reuniones, el colaborador contactó con dos intermediarios relacionados con las canteras de Granada, para suministrarle los explosivos.
La sala estima que, según la tesis policial, en esas fechas los intermediarios no tenían "capacidad" para obtenerlos, por lo que sostiene que dichos encuentros "no debían estar en relación con tal adquisición" de estos materiales y que las citas versaron sobre entregas de droga.
Subrayan que en las conversaciones intervenidas "se observa que la única persona que utiliza la expresión goma y goma dos es el testigo protegido" considerando que esto se debe a que el confidente "conoce que la interceptación telefónica es más que frecuente", con lo que "es más factible pensar que con el uso de tal término se ayudaba a sí mismo en la fiabilidad de su versión de que no se hablaba de droga sino de goma dos, esto es, explosivos".
El tribunal concluye que no ha quedado acreditado que los acusados buscaran explosivos ni que constituyan una "célula de apoyo al GSPC" debido a la "absoluta orfandad y existencia" de datos que lo demuestre.
