Dicha decisión se ha adoptado por tres votos a favor y dos en contra por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, no se ha accedido a declarar a Garzón en situación de servicios especiales, al considerar que dicha condición es incompatible con su suspensión cautelar.
El acuerdo dispone "que, desde el punto de vista orgánico, no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y, en consecuencia, la Comisión Permanente permite tal contratación".
El acuerdo de la comisión cuenta con los votos particulares de la vocal progresista Almudena Lastra y del conservador Antonio Dorado.
