La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional señala que ya conocía la investigación abierta a Garzón y que "comprende que debía ser suspendido de sus funciones" de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Subraya que la Fiscalía "respeta el principio de inocencia" establecido en el artículo 66 del Estatuto de Roma "y por lo tanto ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación".
El Consejo debe recibir otros cuatro informes antes de volver a reunirse para discutir el traslado de Garzón, entre ellos, los solicitados tanto al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como al Ministerio de Asuntos Exteriores para que informen sobre la petición de hecha por Garzón para ir a La Haya.
Asimismo, la Comisión informó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la solicitud de Garzón y le pidió su opinión acerca de si le eventual declaración del juez en situación de "servicios especiales" afecta al curso de las actuaciones penales que se encuentran en trámite contra el magistrado de la Audiencia Nacional.
Finalmente, el propio Consejo General del Poder Judicial emitirá un informe que aclare si procede la petición de Garzón una vez ya ha sido acordada y notificada formalmente su suspensión cautelar.
