Así, desde el momento de la firma del documento, corresponderá al Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, prestar asistencia letrada en juicio a los miembros de la carrera judicial, y el CGPJ se encargará de valorar si concurre el requisito de que la actuación del juez se enmarque dentro del desempeño de sus funciones judiciales.
