LA NECESARIA MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Aunque los problemas de nuestra Administración de Justicia no se resuelven de la noche a la mañana y no existen recetas mágicas para remediar los males que desde hace tanto tiempo vienen aquejándola, ahora estamos más cerca de conseguir olvidar el siglo XIX en el que parecía haber quedado irremediablemente anclada. No ha sido fácil encontrar un punto de equilibrio en el que confluyeran las medidas necesarias para luchar contra las dos lacras que, a mi juicio, han lastrado el mal funcionamiento de la Justicia española: unas deficientes leyes de procedimiento y una ineficaz organización administrativa.
Así, la actualización de los procedimientos para suprimir trámites superfluos que aliviaran parte de la carga de trabajo de los juzgados debía ir acompasada por un escrupuloso respeto de las garantías procesales. Por otro lado, en la reestructuración de la organización Administrativa de la Justicia no bastaba con garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción, sino que el servicio público finalmente impartido a los ciudadanos tendría que ser producto de una Justicia de calidad. Por consiguiente, las medidas reformadoras debían transmitir a los ciudadanos un convencimiento firme de que, por fin, íbamos a dejar atrás, y para siempre, la idea común de una Justicia lenta, ineficiente, cara y poco transparente.
Pues bien, el primer objetivo de esta modernización de la Justicia es conseguir que los procedimientos judiciales y las normas procesales, desde el plano de la razón, sean, siguiendo los consejos de Michele Taruffo, “más coherentes e instrumentalmente válidas”. En ese sentido, se ha venido realizando en estos años un importante esfuerzo para reformar nuestras leyes de procedimiento (civil, laboral y contencioso-administrativo); un esfuerzo que se ha visto plasmado con letra en el BOE, con la excepción de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya modificación debería ser una prioridad inmediata para actualizar también el proceso penal. Se ha conseguido podar una parte importante de la frondosa hojarasca que envolvía el matorral de nuestro sistema procesal y que no animaba precisamente a los ciudadanos a aventurarse en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos.
Junto con estas medidas legislativas y con la mirada puesta en la mejora del servicio público de la Justicia, también han sido planificadas otras acciones a fin de lograr un nuevo esquema para la distribución y organización del trabajo judicial. La puesta en marcha de la nueva oficina judicial, prevista desde el año 2003 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá ir ante todo dirigida a racionalizar las tareas de gestión en los juzgados y tribunales, procurando la especialización de los funcionarios y fomentando una mayor implicación en el trabajo. Con esta nueva oficina se tratará de lograr que la estructura y organización de los juzgados españoles responda a las necesidades de la sociedad, y facilitar, de esta manera, una más pronta y ágil respuesta a los ciudadanos.
En esto consiste el Plan para la modernización de la Justicia, en racionalizar el trabajo, en separar lo jurisdiccional de lo que no lo es, en la introducción de las nuevas tecnologías y sistemas avanzados de comunicación, en sustituir el papel y los legajos por formatos electrónicos. Para ello sin duda serán instrumentos decisivos los sistemas tecnológicos que permitan las comunicaciones entre las distintas sedes judiciales y la interconexión e intercambio de información entre operadores jurídicos y órganos judiciales, haciendo posible, esto último, que los diferentes trámites procedimentales se puedan realizar de forma telemática.
Se trata, en definitiva, de que en los próximos años todos los juzgados y tribunales del país estén en condiciones de trabajar en red. El desuso del papel que supondrá el expediente digital no es sólo una cuestión de imagen -pilares de legajos amontonados en las dependencias judiciales-, de operatividad o de espacio, sino que es sobre todo una cuestión de eficacia, rentabilidad y reducción de los costes de la Justicia. Un coste que a todas luces resulta evidente y que no es posible abordar si no va acompañado de un soporte presupuestario que, de momento, cuenta con un compromiso del Gobierno de la Nación cifrado en 600 millones de euros hasta el año 2012. Una inversión para nuevos medios técnicos y materiales, y también para incrementar el número de jueces, magistrados, fiscales y demás personal implicado en la tramitación del gran volumen de litigios y asuntos.
Pero en este proyecto de modernización de la Justicia española también tienen que implicarse las Comunidades Autónomas con presupuestos y acciones dirigidas a contribuir de manera decidida a la modernización judicial de sus territorios. Y es que el cambio requiere, además, del compromiso de todas las fuerzas políticas para lograr en España una Justicia moderna, de calidad, ágil, eficaz, garantista, responsable e igualitaria.
Porque en todo este proceso que, en definitiva, no conduce a la transformación de nuestra Justicia, no sólo está en juego el buen funcionamiento y la mayor eficacia de un servicio público esencial. Nos jugamos la forma en que el Estado social y democrático va a poder garantizar en el siglo XXI los derechos y las libertades de los ciudadanos.
