INSEGURIDAD JURÍDICA
La posibilidad de revisar o derogar ahora la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, es un auténtico disparate tanto político como jurídico, y sólo se explica en este contexto actual que algunos pretenden imponer de pérdida absoluta de memoria acerca de lo que significó la Transición en la historia española más reciente.
Políticamente, sería olvidar que se trata de una Ley absolutamente democrática, aprobada por las primeras Cortes elegidas por los ciudadanos, y que supuso el cierre efectivo y consensuado de las heridas, a veces muy profundas, que llevaban abiertas más de medio siglo.
Cambiar esa voluntad treinta años después sin razón alguna, es un ejercicio de irresponsabilidad del que se avergonzarían los que sí hicieron la guerra, y que con esa ley dieron muestras de su patriotismo, su generosidad y su deseo de ver una nación unida y fuerte para el futuro.
Y jurídicamente sería un despropósito porque provocaría una gravísima inseguridad jurídica, además de llenar los tribunales de procesos baldíos que retrasarían aún más los que sí afectan a los españoles de ahora.
En definitiva, este es otro ejemplo de la sociedad sin principios políticos y jurídicos en la que estamos inmersos, que parece que quiere recuperar un pasado desdichado en vez de luchar por un futuro realizable.
