ESTADO PALESTINO, AHORA
El reconocimiento internacional de un Estado Palestino no puede demorarse mucho tiempo. Salam Fayad, primer ministro de la Autoridad Palestina, ha declarado recientemente a este periódico que lo proclamarán en 2011.
Los ciudadanos de los países que participan en negociaciones interminables y sin resultado positivo piensan, con razón, que el Estado de Israel es una potencia mundial que impone por la fuerza sus decisiones al margen de la legalidad internacional. En todo caso, alguna instancia del mundo de la sociedad de naciones le permite cualquier iniciativa expansionista con la consiguiente limitación y reducción del terreno sobre el que se asienta la población Palestina. Esta población aspira, más pronto que tarde, al reconocimiento internacional de su condición de Estado de pleno derecho con la posibilidad de hacer oír su voz en Naciones Unidas.
El tiempo se acaba, el conflicto puede estallar de manera violenta, mientras las autoridades del Gobierno de Israel desprecian las advertencias de la comunidad internacional. El argumento para rechazarlas no puede ser más nimio, simplista o peligroso. Les basta con acusarnos de antisemitas, reacios a compartir el derecho del pueblo judío para asentarse en los territorios que Yhavé les otorgó en exclusiva como tierra prometida. Escuchado de labios de un rabino ortodoxo, este argumento podría resultar comprensible dentro de la tensa situación que se vive en la zona. La tesis adquiere perfiles peligrosos cuando se escucha de altos representantes políticos israelíes.
La realidad de lo que está pasando sólo se ha podido contemplar fragmentariamente en los medios televisivos. El horror es indisimulable e insoportable para la conciencia y la sensibilidad de los ciudadanos del mundo. Las palabras más duras de condena se diluyen en el tiempo y pasados los peores momentos se vuelve a una política de expansión territorial y de presión sobre los derechos de los palestinos, empujándolos de forma consciente y calculada a reacciones extremistas. Se busca la confrontación entre los que apoyan a Hamás y los que se mantienen fieles a la Autoridad Palestina, cada vez más impotente y huérfana de argumentos ante la prepotencia israelí. El Gobierno israelí actual desea una tercera intifada, esta vez entre palestinos.
El informe del juez surafricano Goldstone, encargado por Naciones Unidas, es demoledor y no deja espacio para las excusas de los israelíes ante la desproporcionada reacción utilizada para reprimir a la población de Gaza por el lanzamiento aislado por parte de grupos perfectamente identificables de algunos cohetes de alcance corto, pero de efecto mortal. La Operación Plomo Fundido, del invierno de 2008-2009, entra de lleno en los crímenes de guerra condenados por todas las convenciones internacionales.
Pero, al margen de los acontecimientos concretos que han merecido la atención internacional, se ha instaurado una política del día a día que priva a los palestinos del ejercicio de los más elementales derechos como sociedad y como seres humanos. Sus dificultades de movimiento dentro de su propio territorio, la usurpación de sus fuentes de recursos naturales -como el agua- para llevarla a los asentamientos ilegales, la imposibilidad de llegar a tiempo a sus puestos de trabajo o a los centros escolares y universitarios, la carencia de medios asistenciales y de accesibilidad a una asistencia sanitaria elemental, la detención de las ambulancias ante los puestos de control de forma arbitraria y caprichosa con el riesgo, algunas veces consumado, para la vida de los enfermos que son trasladados a centros de urgencia, la imposibilidad de cultivar sus terrenos ante la barrera de cemento que se alza entre sus casas y las tierras de labor, la imposibilidad de comerciar en condiciones de igualdad con los productos de la tierra, están configurando una situación en todo semejante al apartheid de Suráfrica. ¿Puede la comunidad internacional asistir impasible a la consolidación de una auténtica e indiscutible política de apartheid que está catalogado como crimen internacional?
El panorama es desalentador y peligroso. Es un elemento desestabilizador de la zona, donde se puede desatar un cambio o conmoción política en países que se creen seguros como Egipto o Jordania, o incentivar las fuerzas extremistas en Siria, Irán o, por qué no, Irak.
Alguien debe parar esta insensatez. Hasta hace poco creíamos que esta tarea le correspondía en exclusiva a la Administración norteamericana y al potente lobby judío que ampara al Estado de Israel y sus políticas de fuerza. La ilusión se ha desvanecido. El episodio de la visita del vicepresidente Biden a la zona, recibido con el anuncio de la construcción de 1.600 nuevas viviendas en Jerusalén Este, se ha seguido con la visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos y su pretenciosa y despreciativa actitud ante un presidente Obama que ha cambiado la política contemplativa y permisiva por el rechazo de los métodos tradicionales.
Los círculos de la derecha extrema norteamericana se han puesto al lado de Netanyahu, amenazando a un presidente que quiere la paz en la región, con justicia para los palestinos. Si persiste en su actitud, abandone toda esperanza, señor Obama, y sea usted bienvenido a la lista interminable de los antisemitas. Ya lo sabe: o cede y consiente sus desmanes, o será el enemigo de Yhavé.
