Este convenio establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia suscriban convenios de colaboración para cofinanciar actuaciones, en el ámbito procesal, de interoperabilidad y de difusión. Asimismo, la Administración General del Estado financiará íntegramente las actuaciones derivadas de este convenio que se realicen en las Comunidades Autónomas sin competencias en Justicia.
La firma de estos convenios trilaterales específicos permitirá completar el mapa de todas las administraciones implicadas en el ámbito judicial, unificar esfuerzos y avanzar, de forma consensuada y por todo el territorio nacional, hacia un modelo de Administración de Justicia ágil y tecnológicamente avanzado, que preste mayor y más eficaz servicio al ciudadano.
