INDIGNIDAD DEMOCRÁTICA
En estos momentos, en nuestro país se están viviendo unos episodios que cuando menos generan gran preocupación. La esencia de un sistema democrático real es además de asumir la pluralidad como guía y un profundo respeto a los derechos fundamentales del individuo, asumir y respetar las reglas del juego, gusten o no gusten sus consecuencias. Además, lo que garantiza un sistema democrático es la libertad de expresión y sobre todo el ejercicio de la crítica, pero éste no puede amparar un continuo descrédito y deslegitimación de las instituciones democráticas, entre las cuales se encuentran los Tribunales. Actualmente, los más altos tribunales españoles ejercen su función en medio de una suerte de asedio permanente, de cuestionamiento de sus decisiones, tratándose de trasmitir a la opinión pública que no actúan bajo el imperio de la Ley, sino bajo extraños designios apartados de la misma, lo cual supone una gran descalificación de sus funciones, y sobre todo de sus integrantes. Algunos incluso advierten de que están dispuestos a saltarse las reglas del juego, a no asumirlas cuando el resultado no es de su agrado. Para éstos, los procedimientos legales son medios que sólo se utilizan cuando conducen a un fin preestablecido: en caso contrario, se debe prescindir de los mismos. Los que así piensan están haciendo un gran daño a la Democracia, poniendo en juego los valores de justicia e igualdad sobre los que se asienta, y el principio de legalidad que garantiza la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Una Democracia en la que se amparan las vías de hecho, e incluso de ensalzan, eso sí dependiendo de quién las ejerza, es una Democracia enferma y sobre todo repleta de sectarios. Pero lo más grave no es esto en sí mismo cuando quienes lo hacen son medios de comunicación donde la verdad y objetividad fueron expulsadas hace ya mucho tiempo, cuando son ciudadanos individuales que con mayor o menor poder ejercen su derecho a la crítica, lo realmente grave es cuando tales cuestionamientos y descalificaciones proceden de altos responsables políticos, pudiendo estar incitando a la masa a acudir a las vías de hecho, las cuales proliferan cuando la sociedad deja de creer en sus instituciones. Eso sí, en todo hay clases, algunos lo hacen con cierta inteligencia y finura y otros con menos recursos lingüísticos, de manera más ramplona y transparente. Hoy en día nuestras instituciones, y sobre todo las judiciales, están sometidas a tensiones sin precedentes, no explicables en un sistema democrático, surgiendo la necesidad imperiosa que aquellos que tienen un mayor grado de responsabilidad la ejerzan. Las mayores preocupaciones que tienen nuestros ciudadanos son el paro y la situación económica por un lado, y la clase política por otra, por contra la preocupación por la justicia está muy por debajo, a pesar de lo que algunos quieren trasladar; el problema surge cuando se pretende acercar la justicia y sus decisiones a las razones e intereses políticos, pareciendo que algunos quieren trasladar su mala imagen ante la ciudadanía a la justicia y sus resoluciones; el truco es sencillo, las decisiones judiciales no se critican por su contenido ni sus razonamientos, sino que se las causaliza políticamente adquiriendo desde este momento, la misma suerte de valoración. Se dice que el sectarismo se produce cuando se deja de juzgar las ideas y las acciones por sus razones intrínsecas, sino y sólo por quién las mantiene, cuando se cierra filas siempre con los propios, aun cuando sostengan los mayores dislates, no aceptando nada del adversario, aunque se coincida en parte con él. Ésta es la visión que se traduce cuando algunos se pensionan frente a resoluciones judiciales, pero insisto, cuando mayor responsabilidad política se tiene mayor es el dislate. Nicolás Pérez Serrano, en 1955, en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, La obra política de un gran juez (Juan Marshall), decía: “Lo que está vedado al juez es la política insignificante y concupiscente, nunca la colaboración generosa y abnegada por una tarea de rango nacional. Y ésta cabe siempre en todas las latitudes del planeta, y especialmente cuando se trata de los órganos en que remata la jurisdicción”. Esto es que hacen lo que hacen los Altos Tribunales y en especial el Tribunal Supremo y desde esta óptica debe ser respetado y sobre todo protegido. La cuestión es que en una sociedad en la que la Clase Política es una de las preocupaciones para la ciudadanía, en una sociedad en la que no sólo es que se pueda dejar de creer en la justicia, sino que además se pretenda no acatar sus decisiones, ¿qué queda? No le queda más que el caos, el enfrentamiento y la indignidad democrática, y eso en España ya sabemos lo que acarrea. Para juzgar la historia lo primero que hay que hacer es dejar de ignorarla.
