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Vuelta a ‘Miau’; por José Eugenio Soriano, Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM

16/03/2010
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El día 16 de marzo de 2010, se publicó en el diario El Economista un artículo de José Eugenio Soriano en el cual el autor opina que la Ley del Empleo Público, aprobada por esta legislatura, ha acabado realizando la destrucción completa de la Función Pública. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

VUELTA A ‘MIAU’

Y vuelvan a leer su novela Miau para entender lo que el engendro de la Ley del Empleo Público, aprobada por esta legislatura, ha acabado realizando, nada menos que la destrucción completa de la Función Pública.

“Por cada sociedad pública disuelta por el Estado en los últimos 15 años, las autonomías han engendrado siete, pasando de 455 sociedades a 807. Incluyendo fundaciones y consorcios, las entidades con presencia pública de las Administraciones central, autonómica y ayuntamientos superan las 3.800”.Así contenía un artículo de el Economista. Y luego hemos de plantear en qué consiste la morosidad. La situación deficitaria de ayuntamientos y autonomías es espeluznante. Y hay que decir que tiene causas muy concretas.

En primer lugar, sin control, se han ido incorporando alegremente toda clase de empleados públicos, especialmente en algunas autonomías y ayuntamientos, como políticas de empleo local y autonómico, y no como técnica de organización para disponer de recursos humanos necesarios para atender a los fines públicos.

Resulta escandaloso comprobar en decenas de ayuntamientos cómo se han ido incluyendo en sus plantillas toda clase de amigos y parientes, desde luego, a ser posible, siempre vecinos, y que tras un contrato laboral adjudicado directamente, luego se han quedado para siempre en el Ayuntamiento. Esta hemorragia de los recursos financieros luego no hay quien la remedie. Y lo peor, además, es que se han incorporado tantos y tantos personajillos cercanos al alcalde y partido de turno, que lo único que no se les ha pedido es que tengan un mínimo de calidad y de conocimientos para atender al servicio. Mientras, los funcionarios de verdad, aquellos que con transparencia y basándose en su esfuerzo y conocimientos accedieron a los puestos públicos, son en muchísimas ocasiones totalmente relegados, cuando no menospreciados.

La característica del empleo público, especialmente desde que se aprobó la nefasta Ley de Empleo Público, ha consistido en lo fundamental, en seleccionar al personal mediante una entrevista en la que quien toma la decisión es el Partido y el Sindicato. Nada de pruebas objetivas, competitivas, transparentes. No. Los amigos. La cohors amicorum. Hoy, el empleado público no es otra cosa que un funcionario mal seleccionado por partidos y sindicatos. Una vez que sin pruebas públicas- dado que lo fundamental es una “entrevista”- se incorpora un empleado público, luego se queda ahí, de por vida, como un estómago agradecido a quien le nombró, siendo a la vez espía e inútil, de modo que incluso si cambia luego la Administración política de turno, ese empleado se queda para siempre y al servicio de su partido y su sindicato. Yen contra, naturalmente, de quien intente darle la más mínima orden o instrucción. Se pueden dedicar a perder el tiempo, a hacer crucigramas o a jugar por Internet. No pasa nada. Ni pasará.

Ahora que se pretende reformar la función pública, lo primero que habría que decir es que lo que hay quehacer es examinar públicamente, uno por uno, a los empleados laborales. Ver si efectivamente son capaces de superar las pruebas objetivas que los funcionarios sí han superado.

No deja de ser sorprendente que la propia sociedad civil (empresas, asociaciones, etcétera) sí valore, y mucho, a los grandes funcionarios, a sus grandes cuerpos, procurando incorporarles a sus organizaciones y a sus profesiones en cuanto le resulta posible. El salto continuo dado por los funcionarios de los grandes cuerpos a las instituciones de la sociedad civil demuestra claramente que ésta aprecia notablemente a tales funcionarios. Luego no es un mal sistema de selección.

Lo que es perverso y corrupto es designar a empleados digitalmente, esto es, por el dedo. Y eso es lo que está ocurriendo.

No han sido pocas las ocasiones en que se han burlado los políticos de los pobres opositores, convocando una oferta en la que ya estaba la plaza dada o, inclusive, filtrando el examen, con escarnio de quienes han estado trabajando honradamente estudiando los temas. Luego, ninguno entra.

No son pocas-es más, son habituales- las oposiciones en que se llama a quienes ya están incorporados por un contrato laboral y se les reserva la plaza en contra de quien pretende venir de fuera limpiamente, transparentemente. La fórmula es muy sencilla: a) entras laboralmente de cualquier cosa gracias a la ayuda de algún amigo del sindicato o del partido; b) te estás quietecito y sin hacer nada durante el tiempo que te manden; c) luego, poquito a poquito, sin dar la lata a nadie, vas acumulando “antigüedad”; d) cuando te toca, se convoca un concursillo en el que llevas ya una mochila, estoes, un saco de puntos frente al que pretende venir de fuera; e) te presentas en condiciones que eufemísticamente llaman de “promoción interna”; f ) te quedas dentro para siempre, sea cual sea la calificación que pueda obtener el de fuera, quien nunca podrá competir si resulta que el 95 por ciento de las plazas es para los que ya están dentro.

Ésta es nuestra nueva Administración. Hipersindicalizada, ineficiente por falta de calidad en los contratados laborales (y los funcionarios así seleccionados sin pruebas objetivas, sin espíritu de servicio público, sin cualificación).

Y por si fuera poco, cuando ya no caben en la Administración más enchufados, porque algún periodista comienza a poner el grito en el cielo, entonces se crean empresas públicas y ahí, así, sin luz ni taquígrafos, se hace lo mismo. ¡Y en eso estamos! El pensamiento débil (imbecilitas en latín) y la corrupción han ido de la mano. Se nos ha caído la función pública. Y solamente un pacto de Estado podría recuperarla. Pero eso es un sueño…

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