‘ALAKRANA’: PRESENTE Y FUTURO DE LA PIRATERÍA
Los pescadores españoles y sus compañeros del Alakrana vuelven sanos y salvos. Se ha pagado el rescate y en los próximos días se hará una gran simulación jurídica para devolver a los dos piratas detenidos. Pero el enredo en torno al secuestro del pesquero era de esperar desde el momento en que el juez Garzón inició su temeraria actuación, pidiendo o exigiendo con urgencia el inmediato traslado a España de los dos presuntos piratas apresados por la fragata Canarias.
Las ansias de notoriedad de Garzón se pusieron de manifiesto, una vez más, porque su requerimiento fue con carácter de urgencia, tras pedir a la abogacía del Estado que presentase la denuncia y que interviniese la fiscalía. Pero, ¿con urgencia por qué? No pensó en las alternativas posibles, como la entrega de los detenidos a Kenia, país con el que la Unión Europea tiene un convenio de cesión de jurisdicción para estos casos, y que ha sido puesto en práctica en varias ocasiones por estados europeos. Tampoco pensó el juez si realmente la jurisdicción española era del todo competente, porque pocas semanas antes la Audiencia Nacional se declaró incompetente en un caso similar de piratería, con cerca de una docena de detenidos que fueron puestos en libertad después de ser capturados por la fragata Marqués de la Ensenada.
Además, sigue sin estar nada claro que la detención de los dos piratas se produjese en aguas internacionales, como dice el auto de Garzón y, dada la posición del Alakrana cerca de la costa somalí, sería discutible la jurisdicción competente.
Nadie en el Gobierno hizo la más mínima observación sobre las complicaciones que podrían derivarse del traslado a España de los dos piratas. La vicepresidenta De la Vega fue quien apoyó su traslado. El ministro de Exteriores, por su parte, ni sabía ni contestaba a nada en los primeros días del secuestro, hasta que se anunció que eran llevados a tierra tres pescadores, algo que nunca se pudo comprobar, por lo que las declaraciones de la ministra Chacón, diciendo que tenían incluso localizada la “choza” donde se ocultaban, resultaban esperpénticas. En fin, que durante más de un mes no ha cesado el cúmulo de disparates, como ese deambular de un hospital a otro, y de una prisión a otra, del pirata Willy, para saber la edad que tenía.
El comandante de la fragata Canarias advirtió, en los días que siguieron a la detención, de lo complejo que era el traslado a España, debido al complicado operativo que había que organizar para dejarlos en Djibuti, donde los recogería un avión español de la Fuerza Aérea, hasta Torrejón de Ardoz. Operación enormemente costosa desde el punto de vista político, jurídico y económico. Pero nadie en el Gobierno evaluó el riesgo que ello podía suponer. Y cuando se vio claro que ello no hacía sino complicar la liberación, las autoridades se han escudado diciendo que el mercante alemán Hamsa Stavanger -a pesar de estar en el Índico la fragata alemana Essen- estuvo secuestrado cuatro meses, y que también llevaron tripulantes a tierra para aumentar la presión y el rescate.
En cambio, nada se dice de otros ejemplos, como el de Francia, que rescató en una operación de comandos al velero Ponant, aunque murió un rehén. Los franceses, muy conscientes de la gravedad de este asunto, tienen en el Golfo de Adén la base de Djibuti, con 5.000 efectivos militares, provistos de todos los medios. Para un asalto militar al Alakrana hacía falta medir muy bien las posibilidades de éxito y fracaso, y los riesgos, porque podían morir varios rehenes en el asalto, y nadie en el Gobierno, y menos Zapatero, estaba dispuesto a dar esa orden.
Pero lo que resulta incongruente y muestra la improvisación, la chapucería y la falta de coordinación de los ministros es que, nada más conocerse la noticia del traslado a tierra de tres pescadores españoles, apareciera el ministro Moratinos para desplazar completamente a Chacón. Y tras montar con carácter de urgencia una reunión con el primer ministro de Somalia en Nairobi, donde fue a entrevistarse con el embajador español, Martín Cinto, Moratinos hizo una declaración en la que aseguraba que los tres pescadores habían vuelto de nuevo al barco y que todo estaba bajo control. Pero nadie habló con los pescadores supuestamente llevados a tierra, y seguimos sin saber siquiera si este hecho fue cierto.
Decisivas para la resolución del rescate han sido las movilizaciones de familiares, de amigos y de gran parte de la población de Vigo y de Bermeo, puerto este último en el que no hay ni un barco con bandera española, pero ese es otro tema, como el del pabellón que llevan en alta mar, o no llevan, que según la legislación internacional debe ser siempre el del Estado donde esté registrado.
El presidente Zapatero no se pronunció hasta pasados 38 días del secuestro del Alakrana; la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, a pesar de ser la coordinadora de la crisis, se fue a Argentina para hacerse una foto con la presidenta Kirchner. A los familiares de los pescadores se les recibió apenas media hora en la Audiencia Nacional y después en La Moncloa, de donde salieron con la boca cerrada, sin poder decir ya ni una palabra.
¿Pero qué les han dicho que no pueda saberse? Simplemente, Zapatero, asustado ante las movilizaciones en Bermeo y Vigo, ordenó que se pagara el rescate de inmediato, sin más negociaciones, llegando incluso a prometer a los familiares que si permanecían callados, en una semana tendrían a sus hombres en casa. Así de simple.
Este asunto del Alakrana -y tantos otros de nuestra historia reciente, como el de los papeles de Laos y la negociación del capitán Khan para traer a España a Roldán, o la extradición de Pinochet desde Londres- es de lo más ridículo y dramático, al mismo tiempo. Muestra la pobreza de la política exterior española, y también de la Justicia, porque buena parte de culpa la tienen los jueces al pretender enarbolar la bandera de la Justicia universal, con más ímpetu que ningún otro Estado y, simplemente, como forma de encubrir su complejo de falta de actuación en otras épocas, y su ineficacia y lentitud en el presente.
¿Cómo puede darse esta situación en un país como España, que se considera el octavo o décimo país más industrializado del mundo? Bien es cierto que hay apresados en estos momentos en el Índico unos 200 marineros, de 13 barcos distintos. Pero mal de muchos no puede ser consuelo de tontos. Lo único demostrado de sobra es que la piratería en el Índico es un odioso negocio organizado con el apoyo de gobiernos africanos y de empresas y despachos de abogados ingleses, que mueve millones de dólares.
Y para tratar de combatirlo se va a poner en marcha un protocolo de actuaciones que puede ser muy peligroso. Se trata, en principio, de los 52 mercenarios, con cursillos mínimos de adiestramiento, que defenderán a los atuneros españoles a partir de ahora en el Índico. Ello va a suponer un inicio de privatización de las fuerzas armadas, ya que los suculentos sueldos de 5.000 euros al mes atraerán a muchos hombres con pocos escrúpulos, y sin nadie que los vigile ni les imponga disciplina. Ya ocurrió en Irak con los hombres de Blackwater, que ocasionaron la muerte de bastantes civiles inocentes en Bagdad, y el Pentágono no quiso saber después nada de responsabilidades.
Por la red circulan vídeos en los que queda claro que no todo el mundo está contra la piratería; por ejemplo, muchos pescadores de Kenia y Tanzania la defienden, porque aleja a las grandes flotas de sus costas y la pesca vuelve a ser rentable, tanto para el comercio local como para el turismo. Calculan que el valor de la pesca masiva del atún alcanza el billón y medio de dólares.
La solución sólo puede ser la firma de un convenio regional sobre la pesca y tránsito por el Cuerno de África entre los estados interesados y los del este de África, para embarcar pescadores somalíes y establecer industrias básicas en la región. Sólo así se pacificará el Índico.
Entretanto, el Gobierno español y la Audiencia Nacional estudian una salida jurídica airosa a la temeraria actuación respecto a los dos supuestos piratas. Hay varias posibilidades, y quizá la más factible, de acuerdo con el propio artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea juzgar a los piratas en nuestro país y expulsarlos a continuación a Somalia. Incluso el propio artículo 23 no exige la presencia del acusado en España, y este principio ya se alegó en el contencioso Congo-Bélgica, resuelto por sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 14 de febrero de 2002, en donde la opinión disidente del juez Van Der Wingaert analizó la innecesaria presencia del acusado. Y, en este sentido, el proyecto alemán de 2002 relativo a la competencia jurisdiccional en Derecho Internacional sigue estas directrices.
La expulsión de los dos piratas detenidos se haría en base a la Ley Orgánica de Extranjería, artículos 54 y 57, cuando se trate de infracciones muy graves. Pueden alegarse, además, irregularidades en relación con el abanderamiento del barco, es decir la Ley del Pabellón clarísimamente definida en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, artículo 92, de la que España forma parte. Según prueba documental aportada mediante fotografías, el Alakrana no llevaba ninguna bandera.
También se pueden alegar irregularidades con la detención de los dos piratas somalíes. Son hechos ciertos que necesitan una interpretación más precisa. En este caso debe prevalecer la razón de Estado para la expulsión y entrega a Somalia. Sería una ficción jurídica, pero válida. Seamos prácticos y no ridículos, y que el Gobierno coordine mejor sus actuaciones en el futuro… Si es que sabe y puede.
