El Convenio civil sobre la corrupción, Convenio n.º 174 del Consejo de Europa, fue firmado por España el 10 de mayo de 2005.
El objetivo principal de este Convenio es que los Estados miembros establezcan en su derecho interno procedimientos eficaces a favor de las personas que hayan sufrido daños resultantes de corrupción, con el fin de permitirles defender sus derechos e intereses, incluida la posibilidad de indemnización por dichos daños.
Es el primer intento para definir principios y normas comunes, a nivel internacional, en el ámbito del derecho civil sobre corrupción. En el Consejo de Europa el enfoque ha sido multidisciplinar, tratando la corrupción desde el punto de vista del derecho penal, civil y administrativo.
