Este paro ha sido convocado como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones.
Sus demandas pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación de nuevas tecnologías en los juzgados, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
