ES LA HORA DE LA RESPONSABILIDAD
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de modernizar la Administración de Justicia, dotándola de unas estructuras y medios del siglo XXI, superando la situación actual. Sin embargo, para convertir esta necesidad en una realidad, es necesario trabajar de forma conjunta para obtener resultados, concretando objetivos y contando con los medios materiales y humanos que resulten precisos.
Es la hora de la Justicia, no del conflicto y de la controversia a los que solamente cabe acudir en casos extremos. Sin entrar a valorar las distintas posturas sobre el derecho de huelga por parte de jueces y magistrados, hay que tener en cuenta, como afirma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el acuerdo institucional del día 9 de febrero, que el ejercicio de ese posible derecho carece en el momento actual de soporte normativo, por lo que el citado Consejo desestimó la procedencia de establecer servicios mínimos. En todo caso, habría que reclamar al Parlamento una regulación de esta cuestión, teniendo en cuenta las peculiaridades propias de la función jurisdiccional.
El sistema judicial no es un fin en sí mismo, sino que constituye un medio para conseguir el cumplimiento de una función esencial del Estado: la protección de los derechos mediante la resolución de los conflictos entre particulares, y entre éstos y los poderes públicos. La prestación de dicha función, como cualquier otra estatal, debe realizarse en beneficio del ciudadano, que en definitiva es el protagonista real de la Administración de Justicia y, por tanto, el destinatario último de la modernización. De esta manera, no podemos perder de vista que la ciudadanía no puede en ningún caso resultar perjudicada por este proceso de modernización ni por los conflictos que se están originando en su seno.
El CGPJ está llamado a servir de puente entre la sociedad y la Administración de Justicia, contribuyendo a trasladar las demandas sociales sobre calidad y eficacia al funcionamiento de los juzgados y tribunales, favoreciendo y acercando la justicia al ciudadano, y para ello, nada mejor que comenzar por modificar el lenguaje judicial, haciéndolo más comprensible y entendible.
Es la hora de la responsabilidad, de profundizar en el diálogo con todas las instituciones y entidades que disponen de las competencias para hacer posible la modernización judicial que todos deseamos. Hay que recordar que el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, no tiene facultades presupuestarias sobre los medios materiales y el personal al servicio de la Administración de Justicia.
La mejora de la justicia incumbe a todos, por lo que en el proceso de modernización se deben involucrar no solamente a los jueces, sino también al resto de personas que de una u otra forma operan en el sistema judicial: fiscales, secretarios judiciales, funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y, como no puede ser de otra manera, también hay que hacer partícipes de este proyecto a los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales que, con su experiencia, pueden ayudar a conseguir que la modernización de la justicia sea un hecho.
La confianza es el fundamento básico sobre el que siempre se levantan los grandes proyectos, y la modernización de la Justicia es uno de ellos. Durante los últimos meses, el CGPJ se ha esforzado en favorecer ese clima de confianza, elaborando una hoja de ruta para la modernización, que contiene medidas concretas y un calendario determinado, cuyos objetivos han sido en su mayor parte asumidos por las Asociaciones Judiciales en sus reclamaciones.
Destaca la necesidad de establecer un nuevo mapa judicial, adaptado a las características demográficas actuales, incrementando el número de jueces españoles hasta llegar a la media europea. Asimismo resulta imprescindible incorporar plenamente las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia, consiguiendo que los órganos judiciales accedan rápidamente a toda la información necesaria para desarrollar su labor con eficacia, logrando que los distintos sistemas informáticos judiciales puedan comunicarse entre sí, y garantizando el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios electrónicos.
También hay que perfeccionar las herramientas estadísticas y otros instrumentos necesarios para el seguimiento de la actividad judicial, mejorando la relación de los ciudadanos con la oficina judicial de conformidad con el contenido de la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia y del Plan de Transparencia Judicial. Tampoco hay que olvidar la relevancia de las modificaciones legislativas necesarias, sobre todo las relativas a la disminución de la litigiosidad y al estatuto del juez; afrontando también la adopción de medidas sobre la organización territorial del Estado.
Los grandes retos inherentes a la modernización de la justicia solamente pueden ser afrontados mediante el consenso, a través de un gran pacto con la sociedad que recoja el compromiso con la Justicia de las distintas fuerzas políticas.
Ahora, todos los que formamos parte del sistema judicial debemos asumir la responsabilidad de trabajar conjuntamente para lograr una Justicia de calidad, capaz de resolver eficazmente los conflictos con los que se enfrentan diariamente los ciudadanos, porque ellos son los verdaderos protagonistas de la Justicia.
