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  • EDICIÓN DE 17/12/2008
 
 

La Comisión Nacional de Estadística Judicial acuerda establecer un nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales

17/12/2008
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El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha presidido en la sede del Ministerio la Comisión Nacional de Estadística Judicial, integrada por representantes del propio Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Instituto Nacional de Estadística y de las Comunidades autónomas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 461 establece que la estadística judicial es un instrumento básico que permite, entre otros fines, el ejercicio de la política legislativa del Estado, la modernización de la organización judicial, la planificación y gestión de los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia y el ejercicio de la función inspectora de los Juzgados y Tribunales.

En la reunión de hoy, -la segunda que celebra la Comisión desde su constitución en mayo de 2007-, se ha acordado establecer un nuevo sistema de medición de la carga real de trabajo de los órganos judiciales, en sustitución del actual sistema de módulos, que por su simplicidad aporta solamente datos estadísticos cuantitativos y resulta insatisfactorio.

En palabras del secretario de Estado, Julio Pérez “necesitamos disponer de otro tipo de datos estadísticos, que hagan referencia a la complejidad, el grado de penosidad de los asuntos y otras circunstancias relativas al trabajo que realizan los órganos judiciales, de manera que esto nos permita, por un lado, determinar la planta judicial y, por otro, prever las necesidades del propio sistema judicial”.

Julio Pérez ha explicado que, en la actualidad, los sistemas estadísticos empleados en el ámbito judicial son herederos de una concepción de la estadística como aportación adicional a la gestión del proceso. Es decir, magistrados y secretarios judiciales realizan sus funciones principales y, además, una estadística de las mismas.

“El objetivo ahora - ha destacado Julio Pérez- es conseguir la integración de la captación de los datos estadísticos en la misma función de cada uno de los actores judiciales, de manera que podamos obtener datos fiables, actualizados, procedentes de las mejores fuentes y accesibles para todas las instituciones o entidades que deben obtener información y tomar decisiones basándose en esos datos (Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Comunidades autónomas y Fiscalía)”.

Así, la Comisión ha valorado esta mañana que en un plazo de 6 meses podría ya establecerse el nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales que sustituya al actual de módulos. Y a lo largo de 2009, se podría alcanzar la integración de los distintos sistemas estadísticos existentes “de manera que sean interoperables, respondan a estándares comunes y puedan después ser efectivamente aprovechados para las finalidades que la ley les asignan”, ha concluido el secretario de Estado.

Justicia en red

Por su parte, Manuel Almenar, vocal del Consejo General del Poder Judicial, aclaró que dentro del Plan de Modernización de la Justicia “lo que se pretende es poder conocer en tiempo real cual es la situación de todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales. Hoy carecemos de datos para saber de manera automática en este momento cual es la carga de trabajo, o la pendencia, u otros datos concretos de un determinado órgano jurisdiccional. Con el nuevo diseño, se pretende estar de manera inmediata en condiciones de reaccionar ante cualquier anomalía o disfunción que registre una unidad judicial en cualquier parte del territorio nacional.”

“La finalidad última de este acuerdo - ha explicado Almenar- es que a finales del año que viene, con la integración de los sistemas estadísticos del MJU, del CGPJ y de las CCAA, toda la Administración de Justicia es España esté en red”.

Por parte del Ministerio de Justicia han acompañado al secretario de Estado, el secretario general de Modernización, Julio Martínez Meroño; la directora general de Modernización, Pilar Rodríguez; y el director general de relaciones con la Administración de Justicia, Angel Arozamena.

Por parte del Consejo General del Poder Judicial han asistido los vocales Manuel Almenar y Almudena Lastra. Como representante de la Fiscalía ha asistido Jose Luis Bueren y por parte del Instituto Nacional de Estadística, Antonio Argüeso. Las Comunidades autónomas de Canarias, Cataluña, Madrid y País Vasco han ejercido la representación del resto de comunidades.

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