Sostiene que Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata manifestaron en un escrito su oposición a la reforma antes de que el Partido Popular hubiera presentado ante el tribunal el recurso de inconstitucionalidad, lo que les invalida para dirimir el recurso.
El Pleno podría quedar reducido a ocho magistrados; actualmente lo componen diez, porque la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, se abstuvieron de entender de un asunto que les concernía directamente, al depender de él su continuidad en los cargos que ostentan.