Estos artículos regulan los títulos oficiales, la selección de los profesores funcionarios por las universidades y las competencias de la Conferencia de Política Universitaria.
El recurso de inconstitucionalidad se dirige, asimismo, a la potestad normativa que se confiere a las Comunidades Autónomas en el desarrollo del régimen de los docentes funcionarios y la organización de las universidades privadas.
