El texto aprobado introduce algunos cambios respecto del que fue informado por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre. Estos cambios son consecuencia de la incorporación de algunas sugerencias realizadas por el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado, que en conjunto han valorado positivamente el Anteproyecto.
La Ley viene a transponer al ordenamiento jurídico laboral español dos Directivas comunitarias sobre los temas indicados y se realiza de forma conjunta por afectar exclusivamente al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El Proyecto de Ley realiza la transposición de ambas Directivas en un único artículo, que tiene como puntos fundamentales:
En el ámbito de la información y consulta de los trabajadores:
la inclusión expresa del derecho de información y consulta de los trabajadores entre los derechos básicos de los mismos;
la definición de estos conceptos;
la reformulación de nuestra legislación en cuanto a algunas materias objeto de información o de consulta, como sucede con la consulta sobre la evolución futura del empleo en la empresa o centro de trabajo y las medidas preventivas al respecto;
la clarificación del contenido o modos de ejercicio de estos derechos para reducir los litigios jurisdiccionales existentes;
la remisión a la negociación colectiva para la definición de las modalidades prácticas de la información y la consulta;
y, finalmente, la reformulación del régimen jurídico del sigilo profesional incorporando la posibilidad de secreto, en términos mucho más precisos y desarrollados que los actuales, incluyendo la regulación de los posibles recursos administrativos o judiciales en esta materia.
En el ámbito de la protección de los trabajadores ante situaciones de insolvencia del empresario:
Inclusión del aspecto de transnacionalidad en la protección de los derechos de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario con centros de trabajo en varios Estados miembros. Se determina la institución de garantía competente, junto a los mecanismos de cooperación y colaboración necesarios para hacer eficaz la protección en dicho supuesto.
Al mismo tiempo, se aprovecha la reforma del Estatuto para adecuar la normativa laboral a la Ley Concursal y se recrudecen al procedimiento concursal los supuestos de intervención del FOGASA referidos hasta ahora a institutos jurídicos hoy inexistentes, como la suspensión de pagos, la quiebra y el concurso de acreedores.
