§1020251
La Ley, que se convierte en un punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos, los derechos digitales, se aprueba con el apoyo de numerosas Comunidades Autónomas y de los representantes de las entidades locales, que han participado en su elaboración con sugerencias y aportaciones.
El Consejo Asesor de Administración Electrónica, órgano en el que hay representantes del sector privado, de los usuarios y del ámbito docente y jurídico, ha hecho pública una declaración de apoyo en la que reconoce que esta norma “responde a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, a las prioridades de nuestra economía y a la necesaria modernización de los servicios públicos”.
Cuando esta norma entre en vigor, los ciudadanos tendrán garantizado poder realizar todas sus gestiones por medios electrónicos, independientemente de la Administración a la que competan, a través del canal que quieran, las 24 horas del día los 365 días del año. A partir de ese momento serán ellos los que tomen el mando en su relación con las Administraciones.
La Ley beneficiará a los ciudadanos, ya que ahorrarán tiempo y dinero en sus gestiones. En este sentido, la Administración General del Estado prevé invertir 1.900 millones para desarrollar nuevo servicios electrónicos a partir de 2008.
Garantías
Entre otras cosas, la nueva norma garantizará:
Acceder a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro.
Poder consultar el estado de tramitación de los procedimientos que se tengan en marcha.
No tener que presentar papeles que ya estén en poder de las administraciones.
Conceder la misma validez jurídica a las comunicaciones electrónicas que a las que se realizan en papel.
Realizar un trámite o recibir información a través de Internet o un teléfono tendrá la misma validez que de la forma tradicional.
Asegurar todas las garantías de calidad, seguridad y confidencialidad.
Poder utilizar los idiomas cooficiales para comunicarse con las Administraciones.
Esta Ley situará a España a la altura de la de los países más avanzados en esta materia. Actualmente sólo hay cinco países con una ley que garantiza estos derechos: Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia.
