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ERC ha dado el visto bueno a este Título, pero denuncia que se haya eliminado del texto original la categoría de “requisito”. El resto de los grupos, a excepción del PP, que ha solicitado en solitario la supresión del Título, han hecho hincapié en que este fragmento del texto avanza en la descentralización de la administración de Justicia y mejora la calidad del servicio, por cuanto lo hace eficiente y lo acerca al ciudadano. Asimismo, todos menos el PP han destacado que el Título sobre el poder judicial en Cataluña no supone discriminación en el empleo de las lenguas, ya que los concursos que se convoquen para ocupar una plaza se harán en la lengua que elija el candidato y si a las pruebas concurren jueces o magistrados que sepan catalán, esto será un mérito, pero nunca un “requisito”.
CiU, PSOE, PSC e ICV han presentado antes del comienzo de la sesión tres enmiendas transaccionales, según las cuales, si se aprueban, la Generalitat podrá crear secciones y juzgados por delegación del Gobierno central. El diputado del PP Ignacio Astarloa ha calificado este Título de “insólito”, ya que es “una regulación detallada del poder judicial en Cataluña y de las competencias de Cataluña en el poder judicial”, y considera que “consuma viejas aspiraciones de los partidos nacionalistas catalanes de tener un poder judicial y un ordenamiento jurídico propios”. Astarloa cree que, de aprobarse, habrá en Cataluña un poder judicial “separado y al margen del poder del Estado” y ha rechazado que a los funcionarios de la Administración de Justicia se les exija catalán.
Mientras, el parlamentario catalán del PP Jordi Montaña ha pedido una “mayor dotación competencial y de medios materiales para la justicia en Cataluña”, pero siempre, ha matizado, “dentro de la estructura del CGPJ”, lo que no cumple el texto del Título III.
López Garrido defiende que es “impecablemente constitucional”
Por parte del PSOE, Diego López Garrido ha intentado “desmontar las cosas tremebundas” defendidas por Astarloa, si bien ya presupone que al PP “le da igual, porque mañana sus medios de comunicación más afines reproducirán sus palabras aunque a continuación nosotros hayamos desmontado totalmente esta falacia”. El diputado ha asegurado que el Título III es “impecablemente constitucional”, ya que el reforzamiento de los Tribunales Superiores de Justicia está previsto en la propia norma suprema.
La ponente de CiU Nuria de Gispert ha atribuido por su parte a la “escasa voluntad política del Gobierno central” que no se haya descentralizado más la justicia, pero considera que ahora se “consuman nuestras viejas aspiraciones después de 26 años”. En representación de la delegación del Congreso, el diputado de CiU Jordi Jané ha valorado las nuevas atribuciones que el Estatut otorga al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, “última instancia jurisdiccional, sea cual fuere el derecho invocado, y con voluntad casacional”. “El marco constitucional en nada impide que tengamos más competencias”.
Por su parte, Ridao ha afirmado que el modelo territorial “no ha impregnado en uno de los poderes del Estado”, el poder judicial, lo que es un “problema” que pretende eliminar el Estatuto, así como el blindaje de los textos estatutarios ante “normas como la Ley Orgánica del Poder Judicial o a reglamentos de organización de personal, y no a la inversa, como hasta ahora”. Mientras, el portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, manifestó que, gracias al Estatuto, “el catalán va entrar con fuerza en los juzgados de Cataluña”.
