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MADRID. Cinco meses le ha costado al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) superar la situación de bloqueo que desde el pasado septiembre le impedía sacar adelante todos los nombramientos de magistrados que, como consecuencia de la reforma de la LOPJ hace catorce meses, requerían de un mínimo de 13 votos (es decir, mayoría reforzada del Pleno).
Tras el acuerdo alcanzado la pasada semana por los vocales de la mayoría conservadora y los de la minoría progresista, el Consejo cubrió ayer cinco plazas de magistrado del Tribunal Supremo -una de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y cuatro de la Sala de lo Social-, alguna de las cuales llevaba vacante más de un año. Aún quedan pendientes de nombramiento otras tres plazas: dos en la Sala Militar (una de ellas a propuesta del Ministerio de Defensa) y otra más en la Social.
Para la Sala Tercera, el Pleno nombró con amplio consenso -17 votos- a Manuel Martín Timón. Era la cuarta vez en ocho meses que se proponía al Pleno el nombramiento de este abogado del Estado, que nunca logró concitar el voto de los vocales de la minoría. A la misma plaza aspiraba Ángel Aguallo, que ayer obtuvo un único apoyo.
De los cuatro magistrados nombrados para la Sala de lo Social, dos fueron propuestos por la minoría progresista y los otros dos por la mayoría conservadora. El ex abogado laboralista, miembro de Jueces para la Democracia (JD) y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jordi Agustí, obtuvo 14 votos en primera votación, mientras que el magistrado del TSJ de Madrid Miguel Ángel Luelmo se quedó en cuatro.
Luis Fernando de Castro, magistrado del TSJ gallego y desde fechas recientes afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue nombrado con 13 votos (el mínimo necesario). Rubén Jiménez, ex vocal del CGPJ, obtuvo 3 votos y José Ramón Fernández Otero, magistrado del TSJ de Madrid, uno.
Con 15 votos salió adelante, también en la primera vuelta, el nombramiento del miembro de JD y prestigioso laboralista José Luis Gilolmo. José Manuel López, magistrado del tribunal superior andaluz y miembro de la APM, obtuvo 2 apoyos, mientras que María Luisa Segoviano -que coincidió en el turno de secretarios judiciales con la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega-, sólo uno.
La cuarta plaza en liza de la Sala Cuarta del Supremo fue para el miembro de la APM y hasta ayer presidente del tribunal superior de Galicia, Jesús Souto. Este magistrado necesitó una segunda vuelta (en la primera votación fue apoyado por 12 vocales) y finalmente obtuvo 14 votos. Lourdes Arastrey obtuvo 2 y hubo un voto nulo y otro en blanco. Souto agradeció ayer al CGPJ que haya confiado en él y expresó su deseo de concluir su carrera como magistrado del Tribunal Supremo.
Optimismo
Fuentes del CGPJ se mostraron optimistas de cara a futuros nombramientos -quedan vacantes tres plazas en el Supremo y en pocos meses se producirán otras tres jubilaciones- y se felicitaron de haber superado la ruptura provocada por asuntos como la reforma del Estatuto de Cataluña.
Por otra parte, el Pleno nombró a Carmen Samanes para la Sala Civil y Penal del TSJ de Aragón y a los magistrados Fernando Lacaba y Fermín Hernández como presidentes, respectivamente, de las audiencias de Gerona y Teruel.
