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  • EDICIÓN DE 10/02/2006
 
 

El TC analizará si la Ley de Violencia Doméstica discrimina a los hombres

10/02/2006
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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una de las dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por una juez de Murcia contra la Ley Integral de Violencia de Género. María Poza, titular del Juzgado de lo Penal número 4 de dicha ciudad, duda del encaje constitucional de la aplicación de la “discriminación positiva” en el ámbito penal. Es decir, ve contrario a la Carta Magna que, ante hechos idénticos, la pena prevista se agrave cuando el agresor es un varón y la víctima, una mujer. En su opinión, la ley de violencia vulnera los derechos fundamentales a la igualdad (artículo 10) y a la dignidad (art. 14), así como el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2).

§1015069

La admisión a trámite de esta cuestión de inconstitucionalidad no prejuzga el asunto, pero sí supone que el TC analizará el fondo y emitirá su opinión sobre una ley que fue aprobada por la unanimidad del Congreso de los Diputados pero que provocó dudas en diversos sectores jurídicos. Esas dudas, expresadas también en su momento por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han sido después materializadas por los jueces mediante la interposición de cuestiones de constitucionalidad. En 2005, entraron en el Tribunal Constitucional hasta 24.

En una providencia dictada el pasado 31 de enero, la Sección formada por los magistrados Guillermo Jiménez, Eugeni Gay y Pascual Sala acordó dar un plazo improrrogable de quince días al Congreso, al Senado y al Gobierno para que formulen sus alegaciones respecto a la cuestión formulada por la juez de Murcia.

El Tribunal se da por enterado de la opinión del fiscal, que el pasado mes de septiembre ya informó contra la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad al entender que la ley de violencia de género no viola el derecho a la igualdad pues las mujeres tienen una “posición desventajosa” con respecto a los varones. Esta situación justifica, en opinión del Ministerio Público, la adopción de medidas diferentes a las que se aplican para proteger “en general” a las víctimas.

La Fiscalía señalaba que el espíritu de la ley tuvo en cuenta la realidad española, en la que las agresiones sobre las mujeres “tienen una especial incidencia”; y utilizó las estadísticas para demostrar que en la mayor parte de los casos de violencia que se producen en el seno de la pareja, el agresor es el varón (más del 90 por ciento).

Tras conocer la decisión del TC se manifestó la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, quien insistió en que el Gobierno hizo la ley integral “pensando en todo momento en su constitucionalidad”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Alemany, expresó su deseo de que el TC resuelva “a la mayor brevedad posible” este asunto ya que, en su opinión, “las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad”. “Estamos hablando de conductas delictivas, independientemente de cuál sea la decisión final del TC”, aseguró.

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