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Según explicó en rueda de prensa el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, la Mesa admitió a trámite otras dos peticiones de comparecencia de Conde- Pumpido, sobre criterios para acumulación de penas y medidas legales contra Batasuna.
Sin embargo, rechazó la relativa al cese de Fungairiño.
Según Zaplana, fue el presidente del Congreso, Manuel Marín, el que estableció el criterio de que esa decisión entra en el ámbito de competencias del fiscal general y, por tanto, no es susceptible de control parlamentario.
Zaplana denunció que el argumento se contradice con otros anteriores como, por ejemplo, cuando se pidió la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, por sus declaraciones sobre la reforma del Estatuto de Cataluña.
El PP considera que se trata de una decisión más del Gobierno dentro de la “espiral” de posiciones adoptadas en los últimos meses, muchas de ellas “indignantes” y que pretenden sólo “hacer gestos a los terroristas”.
Zaplana acusó al Gobierno de “humillar permanentemente” al Estado de Derecho con cesiones voluntarias encaminadas a “pedir, suplicar movimientos a los terroristas”.
En su opinión, no resultan válidos los argumentos esgrimidos por el Gobierno y el PSOE sobre “aplicación técnica de la ley” o la autonomía del fiscal general del Estado para inhibirse de cualquier valoración política.
El relevo de Fungairiño se pone en marcha
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MADRID. La comunicación de Conde-Pumpido al Consejo Fiscal sobre la destitución de Fungairiño pone en marcha el mecanismo de relevo en la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, lo que se producirá en las próximas semanas.
En cuanto la vacante salga publicada en el Boletín Oficial del Estado, la Inspección de la Fiscalía General del Estado abrirá el concurso en todas las Fiscalías de España para que los interesados puedan presentar sus candidaturas dentro de los 15 días siguientes. Transcurrido este plazo e introducida la designación del fiscal-jefe de la Audiencia Nacional en el orden del día del siguiente Consejo Fiscal, los vocales votan a favor del candidato que consideren más idóneo para el cargo. Su opinión no es vinculante y, aunque el fiscal general está obligado a escuchar a los vocales, es él quien propone al candidato que estima oportuno.
La mitad del Consejo Fiscal se plantea reiterar hoy la petición de dimisión de Conde-Pumpido
El máximo órgano asesor del fiscal general debatirá también sobre la intención de Conde-Pumpido de regular los polémicos traslados forzosos por ascenso
NIEVES COLLI
EF El teniente fiscal del TS, Juan Martín Casallo (izquierda), y el fiscal jefe de Sala, Luis Navajas, tras su reunión con Pumpido
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MADRID. La mitad de los miembros que componen el Consejo Fiscal -máximo órgano asesor del fiscal general- podrían reiterar hoy durante la reunión de este órgano la petición de dimisión de Cándido Conde-Pumpido. La razón es la dimisión forzada del ya ex fiscal-jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, que interpretan dentro de la estrategia -anunciada públicamente por Conde-Pumpido desde el comienzo de su mandato- de acometer el “reequilibrio ideológico” de la cúpula de la carrera fiscal. El fiscal general del Estado tiene previsto dar cuenta al Consejo de la “renuncia” de Fungairiño.
Los vocales de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF) formularán hoy en la reunión duros reproches hacia el fiscal general del Estado, del que vuelven a criticar lo que consideran una política “sectaria” de nombramientos y de ceses. El primero de los fiscales no afines a Conde-Pumpido en ser depurado fue Eduardo Torres-Dulce, al que el pasado mes de junio el fiscal general decidió no renovar como jefe de una de las dos secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal.
En aquella ocasión, como en la más reciente de Fungairiño, el fiscal general adujo “pérdida de confianza”, un argumento que desde la Asociación de Fiscales se califica de muy peligroso por ser incompatible con los principios de mérito y capacidad que reconoce la Constitución y que, afirman, deben guiar la política de nombramientos.
Para esta asociación, a la que pertenecen seis de los doce miembros del actual Consejo Fiscal, criterios como el del reequilibrio ideológico, la sintonía personal, la lealtad y la confianza personales provocan la “politización” de la carrera fiscal y, en consecuencia, la pérdida de su autonomía funcional respecto de otros poderes del Estado. Todo ello se traduce también en la quiebra de los principios de legalidad e imparcialidad que deben regir el funcionamiento de esta institución y, en consecuencia, en la pérdida de la seguridad jurídica tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los propios fiscales, aseguran.
Los seis vocales de la Asociación de Fiscales plantearán en la reunión de hoy otro debate espinoso: los traslados forzosos. Es decir, la imposición de determinadas plazas vacantes a fiscales recién ascendidos de categoría.
Esta asociación denuncia que se trata de una apuesta personal del fiscal general del Estado, fruto de su “visión judicialista” de la carrera fiscal. A mediados de enero, la Inspección envió a todas las fiscalías un escrito en el que confirma la existencia de un borrador del proyecto de reforma del Reglamento en este sentido. Hasta entonces, sólo se trataba de un “rumor”.
La Asociación de Fiscales se opone a la aprobación de esta medida, que califica de “inaceptable”, “inoportuna” e “injusta” por cuanto supone equiparar “en lo malo” a la carrera fiscal con la judicial. De hecho, entiende que el sistema de traslado forzoso no puede exportarse de una a otra sin más pues aún existen entre ambas carreras “sustanciales diferencias” en aspectos tan importantes como el número de miembros -hay 4.060 jueces frente a los 1.874 fiscales-, su distribución territorial y funcional por categorías, los tiempos de tardanza para ascender -dos años para los jueces, seis para los fiscales-, el número de concursos convocados cada año o la creación de nuevas plazas.
Una “obsesión”
Fuentes de la AF aseguran que la asociación no se cierra a la posibilidad de regular los traslados forzosos, pero exige para su implantación una previa y profunda reestructuración de la carrera fiscal. En la actual situación, rechazan con firmeza esta medida como única solución para evitar que las plazas conflictivas -que representan un porcentaje mínimo- queden desiertas. “La obsesión de Conde-Pumpido es que hay plazas que siempre quedan vacantes”, indican fuentes de la AF, y se muestran partidarias de soluciones, menos perjudiciales para los fiscales, como por ejemplo las comisiones de servicio.
