§1014945
NIEVES COLLI
MADRID. Apenas veinticuatro horas tardó la Fiscalía General del Estado en cambiar su versión sobre la renuncia de Eduardo Fungairiño de su cargo en la Audiencia Nacional, tribunal en el que llevaba 26 años. De la nota oficial hecha pública anteayer, en la que sólo se hablaba de “renuncia por razones estrictamente personales”, Cándido Conde-Pumpido ha pasado a reconocer que se trató de una dimisión forzada por una amenaza de expediente disciplinario y que “indudablemente, la decisión de proceder al relevo fue del fiscal general”. El cambio de tercio de Conde-Pumpido marcó también el giro en las valoraciones realizadas por los miembros del Gobierno: mientras anteayer la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, expresaba su “respeto” por una “decisión personal” de Fungairiño, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, consideraba ayer el cese como “algo natural” en una carrera jerarquizada como la fiscal.
La destitución de Fungairiño -que no pertenece a ninguna asociación- ha provocado una dura reacción de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, que ha solicitado la dimisión de Conde-Pumpido. En un comunicado hecho público ayer, esta asociación -que hasta ahora no había reclamado el cese de este fiscal general- denuncia su “política sectaria de nombramientos y ceses”, basada en criterios como el “reequilibrio ideológico”, la “sintonía personal”, la “lealtad” o la “confianza personal”, que son “incompatibles con los principios de mérito y capacidad reconocidos en la Constitución”. La asociación acusa a Conde-Pumpido de haber introducido en una carrera profesional criterios “políticos”, algo que genera “inseguridad” tanto entre los ciudadanos como entre los propios fiscales.
Un sustituto en “sintonía”
La remoción de Fungairiño se produjo, según explicó ayer el fiscal general del Estado durante un desayuno informativo de Europa Press, por razones “profesionales”. Cándido Conde-Pumpido -que también dio cuenta a la cúpula fiscal durante la reunión, ayer, de la Junta de Fiscales de Sala- negó que en la decisión hubiera pesado el hecho de que se tratara o no de un fiscal “incómodo”, pero no ocultó su preferencia por que el jefe de los fiscales de la Audiencia Nacional sea alguien que “sintonice con los criterios del fiscal general del Estado”, una de las características, dijo, que conformarán el perfil del sustituto de Fungairiño. En opinión de Conde-Pumpido, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional falló el principio de “unidad de actuación”, uno de los pilares en los que debe sustentarse el ejercicio de la profesión.
En la reunión del miércoles, en la que se comunicó a Fungairiño su cese, Conde-Pumpido exhibió al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional dos borradores para que eligiera dónde prefería estampar su firma: uno era una carta de renuncia “voluntaria” ya redactada por los servicios técnicos de la Fiscalía General y el otro, un escrito de remoción que contenía el pliego de cargos que habría motivado el expediente disciplinario y su consiguiente destitución. Pumpido explicó que la reunión es la audiencia previa en la que se ofrece al interesado una “doble vía”: la renuncia voluntaria o el cese. Fungairiño le pidió tiempo para pensarlo, pero el fiscal general se lo negó.
Fuentes fiscales aseguran que el sistema empleado con Fungairiño no es ortodoxo y que ha supuesto una auténtica “coacción” para obligarle a dejar su puesto. Según las explicaciones que el propio Fungairiño ha dado a algunos miembros de su entorno, aceptó la opción de la renuncia para evitar una “sangría en la Fiscalía de la Audiencia Nacional”.
Las fuentes fiscales citadas explicaron que si Conde-Pumpido ha visto motivos suficientes para expedientar y después cesar a Fungairiño, debió hacerlo. “Se abre el expediente y se le da la posibilidad de defenderse y presentar sus alegaciones. Si hay una conducta irregular por su parte, ésta debe ser sancionada, pues así lo exige el principio de legalidad”, afirman.
Argumentos “nimios”
La verdad de lo ocurrido, siempre según estas fuentes, es que los “incumplimientos” esgrimidos por Conde-Pumpido “son tan nimios que no pueden justificar la incoación de un expediente para la remoción del cargo”.
Ayer, Conde-Pumpido citó dos de estos hechos: en primer lugar, que Fungairiño no le informó sobre la actuación de la Fiscalía en el expediente disciplinario abierto al magistrado Luis Martínez de Salinas (el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional explicó al fiscal general que la Fiscalía no había intervenido). En segundo lugar, que incumplió la instrucción de informar a la Fiscalía del Supremo cuando faltaran tres meses para el vencimiento del plazo máximo de prisión preventiva a presos condenados por terrorismo cuya sentencia estuviera pendiente del recurso de casación. Y lo incumplió en el caso de dos internos de Al Qaida condenados por los atentados del 11-S en Estados Unidos y excarcelados recientemente. A esta acusación, Fungairiño reconoció no haber advertido a la Fiscalía del Supremo, pero recordó que era de sobra conocida -desde que en octubre se dictó la sentencia- la imposibilidad de que la casación se resolviera antes del vencimiento de los plazos de la prisión preventiva.
