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EL OSCURANTISMO EN LAS PRUEBAS DE IDONEIDAD A CÁTEDRAS
Lamentablemente, cada vez que se cambia el Gobierno se produce un vaivén de la legislación universitaria. La Ley de Reforma Universitaria (LRU) del Gobierno González, en lo que toca al acceso a los cuerpos universitarios, tenía un solo pero grave defecto: el excesivo control local de los tribunales al otorgar a la universidad convocante dos miembros sobre cinco, con lo cual “ligar el trío”, en un recíproco do ut des, era sencillo y provocó una fuerte y criticada endogamia.
Ahora bien, en el resto, la LRU era un modelo de racionalidad científica y académica. No solamente establecía la oralidad de las pruebas a superar, sino también un debate amplio y profundo entre los aspirantes y la comisión encargada de valorarlos. Se aunaba así la transparencia con la garantía y defensa del proyecto docente e investigador. Es decir, racionalidad y crítica en un contexto transparente y fiable, crítico, con seguridad. No eran pocas las oposiciones a cátedras en las que se llenaba el aula, y, desde luego, cuando se producía algún escándalo (por ejemplo, el caso de Emilio Lledó), quedaba patente y se corregía necesariamente. Pero la manifestación incluso de estas patologías demostraba que la transparencia que proporciona la oralidad permitía detectarlas y luego corregirlas. Personalmente, he visto en una polémica ocasión cómo trescientas personas llenaban el Aula Magna y durante un sábado completo comprobaban cuál era el nivel de los candidatos, en los que llegó a ponerse de manifiesto incluso un plagio; el debate duró varias horas y no hubo duda tras la discusión.
Todo esto se acaba en el extraño proyecto que ahora germina en el ministerio y que pretende que el acceso a las cátedras consista en enviar documentación a una comisión que está, a lo mejor, a cientos de kilómetros del candidato y que no le conoce personalmente. Y luego, le remiten el resultado por escrito. Mágicamente, pues, el concursante recibirá, o no, el plácet, sin poder defender su proyecto, sin posibilidad de exponerlo, sin que existan terceros que puedan comprobar la calidad del candidato y criticarlo, lo cual forma parte ineludible de la comunidad académica, la cual sabe bien situar así a cada sujeto.
Con la vía propuesta ahora, serán el teléfono, la visita personal, en fin, métodos poco éticos, los únicos que funcionarán. Y no se podrán comprobar las habilidades y técnicas puestas al día por cada candidato. Porque las técnicas docentes e investigadoras están en continua evolución. Desde que se obtiene plaza de profesor titular hasta que se saca la cátedra suelen pasar varios años. Y pretender que nada cambia durante ese tiempo en metodología de la ciencia o de la docencia es simplemente un grave error. Máxime cuando tenemos el desafío de aplicar la declaración de Bolonia, que exige sofisticadas herramientas docentes para lograr una enseñanza personalizada. Y hay que demostrar que se conocen.
Vuélvase al buen y transparente sistema de acceso de la LRU en este y en otros puntos, corrigiendo la endogamia, para lo cual bastaría que la universidad designara solamente un miembro de la comisión.
Existe, además, una segunda versión del proyecto que agrava los problemas, ya que une al oscurantismo indicado la más absoluta y grave de las endogamias; se trata de una alternativa que también figura como posible opción en el proyecto de ley, por la cual la universidad podría designar directamente a todos los miembros de la comisión, con lo cual, si llega a convertirse en ley, será siempre un club de amigos local el que designe a cada nuevo miembro. Es decir, cien por cien de endogamia. Nadie se presenta frente al cártel, porque la barrera de esa corruptela sería, por lo tanto, definitivamente insalvable.
Por último, antes de concursar existe una acreditación previa que se configura como un procedimiento sin vinculación a convocatorias ni limitación de número de acreditaciones. Con lo cual, una de dos: o bien quienes estén acreditados ya se consideren moralmente con la condición de catedráticos y no se presenten a ningún concurso, limitándose a presionar en su propia universidad hasta que le saquen “su” plaza, o bien aquellos que ingenuamente continúen creyendo en las reglas deambularán errabundos a la búsqueda pirandelliana de su plaza, aumentando progresivamente el número según vaya pasando el tiempo. Bolsa de parados que aumentará y aumentará.
Ambas situaciones generan desprestigio, inestabilidad, situaciones de conflictividad e incertidumbre y, en definitiva, la necesidad de volver en poco tiempo a tener que hacerse cargo de un problema creado por este sistema. Un mínimo de sentido común parece que exige que la oferta de plazas públicas deba coincidir con la demanda, y evitar lamentables situaciones como las denostadas pruebas de “idoneidad” que gravaron los presupuestos públicos durante lustros, al incorporar de golpe a muchísimos profesores, y colapsaron el acceso de los jóvenes investigadores que han carecido de plaza por esa causa.
