§1014638
LA LENGUA DEL IMPERIO
En la construcción de una nación, la lengua no ha sido siempre factor imprescindible (múltiples naciones son hispanohablantes), y en ocasiones tampoco es suficiente (no pretende ser una nación cada una de las tribua africanas con una lengua propia), pero es evidente que, en la voluntad de serlo, tener una lengua que cohesione la identidad del grupo social se convierte con facilidad en elemento clave del hecho diferencial que justifica la reivindicación política.
Así, no es casual que en la reforma del Estatuto catalán el tratamiento de la lengua propia sea exhaustivo y que se apoye la legitimación para hacerlo en unos derechos históricos que superan hacia atrás en el tiempo de la Constitución de 1978 e incluso la Edad Moderna. Aunque, con toda probabilidad, tal consideración no sobrevivirá en el texto.
La propuesta de reforma consagra un deber de conocimiento del catalán en paralelo al del conocimiento del castellano establecido en la Constitución, traducido en un derecho de opción lingüística de cualquier persona en Cataluña de poder expresarse y ser oída en catalán.
En la enseñanza hay que distinguir entre la universitaria y el resto. En esta última, la regulación destaca por el recurso constante a los conceptos jurídicos indeterminados –”uso normal” como lengua vehicular y de aprendizaje, “presencia adecuada” en los planes de estudio de castellano y catalán-, pero lo que está claro es que no se contempla el derecho a recibir en castellano la enseñanza no universitaria, como sí en catalán.
Se da, así, en rango estatutario a lo que era ya legislación emanada del Parlamento de Cataluña sobre el asunto, el sistema pedagógicamente conocido como de inmersión lingüística y que, consciente de la dificultad para su uso corriente en enormes ámbitos sociales y culturales del territorio, así como de la corrosión que produce la inmigración, ha construido la enseñanza no universitaria obligatoria en catalán y tratado el castellano como lengua de estudio con un tipo de asiduidad parecida a la del inglés o el francés. Cosa distinta sucede en la enseñanza universitaria, donde la venia docendi de los profesores no puede obligarles a dar las clases en catalán, aunque evidentemente sí pueda ser tenido en cuenta desde el punto de vista fáctico para su contratación.
Si a ello le añadimos el modo en que desde la autonomía universitaria (de las universidades públicas) se ha construido la obligatoriedad de que sea el catalán la lengua institucional y de relación normal, tanto interna como externamente, o la constante consulta a las universidades privadas sobre el uso del catalán en sus ámbitos propios conforman una realidad institucional al margen de la vida.
Porque el recurso constante y creciente a la sanción por el no uso del catalán no es más que la constatación normativa del fracaso de la Ley de Normalización lingüística de 1983, que pretendía obligar al uso generalizado de esa lengua en Cataluña y sólo lo ha logrado en los ámbitos institucionales y políticos, de ahí el giro copernicano que supone la Ley de Política Lingüística de 1998, cuyo espíritu se incorpora al Estatuto ahora y que pretende en cambio garantizar el derecho del catalanohablante a expresarse en su lengua propia.
Sin embargo, la tozuda realidad ha planteado irónicos reveses a tal pretensión: los casi 5.000 estudiantes de Erasmus que llegan cada año a Cataluña y el creciente recurso a profesores de lengua inglesa hacen que el problema en la universidad catalana ya no sea la dicotomía castellano – catalán, si no la más arrasadora de la colonización exterior.
En la enseñanza no universitaria, la obligación teórica (e inspeccionada) de impartir todas las clases en catalán ha sido en parte arrasada por la inmigración. Sé que a nadie le gustará oír esto y que maquilla la realidad desde los dos bandos enfrentados, pero quizá sea hora de dejarlo.
